Vivimos un tiempo de tensiones y contradicciones, azotado por tormentas y olas de calor, tanto por la naturaleza, como por las fuerzas políticas. El llamado “Caso convenios”, relativo a la asignación directa de elevados montos de financiamiento para programas sociales urgentes a fundaciones con escasa experiencia demostrada, ha desatado un debate que es pertinente, pero que ha sido aprovechado por actores políticos para cuestionar todo el quehacer gubernamental. La cercanía del aniversario de los 50 años del golpe cívico-militar, junto con multiplicar los actos conmemorativos culturales y políticos, ha reabierto un debate doloroso para amplios sectores de la población al justificarse la ocurrencia de la ruptura democrática mediante el bombardeo de La Moneda y negarse la verdadera “masacre” de quienes apoyaron el gobierno de Salvador Allende que le siguió, a pesar de estar documentada en los Informes de la Comisión Rettig y de la Comisión Valech. Se pone en entredicho el NUNCA+ que debería consolidarse como compromiso de todas las fuerzas políticas.
En el proceso constitucional, cuando se suponía que había lecciones aprendidas a partir del rechazo a las propuesta de la Convención Constitucional en el plebiscito de septiembre de 2022, la bancada del Partido Republicano, que logró una mayoría en el nuevo Consejo Constitucional, presentó más de 380 enmiendas al Borrador entregado por la Comisión Experta, resultante de un acuerdo político entre los partidos representados en el Congreso. Dichas enmiendas pretenden modificar el borrador en forma sustantiva, haciendo caso omiso de los acuerdos alcanzados y pretendiendo hacer retroceder el texto constitucional y los derechos alcanzados a la fecha por la ciudadanía, incluso hasta antes de 1980. Para nada han cumplido con el discurso inicial que enfatizaba la necesidad de escucharse y llegar a acuerdos, de dialogar, de no repetir los errores del proceso en la Convención Constitucional.
A los ojos de distintos grupos políticos y sociales, el Anteproyecto para la nueva Constitución era insuficiente y requería mejoras, y estas se expresaron a través de los mecanismos de participación definidos en un muy comprimido mes. A pesar de ello más de 236 mil personas apoyaron alguna Iniciativa Popular de Norma (IPN); más de 28 mil personas contestaron la Consulta Ciudadana; alrededor de 12 mil participaron en los Diálogos Ciudadanos, y más de 1.800 personas solicitaron una Audiencia Pública. Se realizaron en total 1.136 audiencias en todas las regiones del país; más de 2.500 diálogos con participantes de más de 300 comunas; se presentaron 1.309 IPN, las que tuvieron más de 637 mil apoyos y; se recibieron más de un millón de respuestas en la consulta.
De las INP, 31 superaron los 10 mil apoyos requeridos para ser incluidos en la discusión de las comisiones del Consejo Constitucional, a pesar de la escasa difusión y de las barreras tecnológicas del apoyo virtual. Entre ellas, las presentadas por organizaciones de mujeres y respaldadas mayoritariamente por mujeres: agua para la vida; el derecho constitucional a los cuidados; salud digna para todas y todos; vivienda digna; no repetición de las violaciones a los derechos humanos; derechos sexuales y reproductivos; la paridad como principio constitucional; fin al lucro en salud, educación y pensiones; derechos de niñas, niños y adolescentes; de las personas con discapacidad; de las y los trabajadores. Estas IPN fueron presentadas presencialmente en las distintas comisiones del Consejo, abundando en su fundamentación y pertinencia.
Al iniciarse el debate del texto propiamente tal, considerando las enmiendas presentadas por la derecha y, en especial, por el Partido Republicano, en el movimiento feminista y de mujeres surgen grandes inquietudes por el riesgo de un retroceso severo en los derechos, amenazados con redacciones restrictivas, como es el caso del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Las encuestas, así como respaldan el reconocimiento de este derecho (CEP 2023), auguran un rechazo del texto en el plebiscito de noviembre, a pesar de la disposición de muchas a esperar el texto definitivo antes de decidir.
Como Observatorio de Género y Equidad, presentamos una mirada al anteproyecto constitucional y sus falencias, las inquietudes de una historiadora y las apreciaciones de una integrante de la Comisión Experta sobre cómo la paridad perfecciona la democracia.
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