El nuevo proceso constitucional acordado por el Congreso ha ocurrido en medio de un escenario monopolizado y polarizado por la agenda de seguridad y migraciones y así, el trabajo de la Comisión Experta y las campañas de las candidaturas al Consejo Constitucional se han visto invadidas por demandas priorizadas por los medios de comunicación en relación con esa agenda. Es en este contexto que este domingo 7 de mayo se elige dicho órgano a cargo de la tarea de aprobar y proponer un segundo texto constitucional. La Comisión Experta ha postergado las votaciones del borrador hasta pasadas las elecciones y, en su mayoría, las campañas electorales han prestado escasa atención a los contenidos propuestos para la Carta Fundamental.
Si bien reinan el desconocimiento y el desánimo ante esta fase tan diferente de respuesta al compromiso de cambio de la Constitución del 80 contraído en el plebiscito de 2020, más breve, más encerrada, carente de participación ciudadana, se reconoce que el ejercicio democrático está vigente y que es tarea de los actores sociales incidir en las próximas etapas del proceso.
Entre las organizaciones feministas domina la preocupación por los contenidos de la nueva propuesta, atendiendo a los logros con respecto a la paridad y a la igualdad efectiva de la propuesta anterior y al hecho que los órganos del proceso actual consideran la paridad, definiciones que hoy día están ausentes del debate en la Comisión Experta, que ha incluido frases muy generales en su borrador inicial. Surgen las dudas respecto de la posibilidad de incidir a través de los estrechos mecanismos de participación ciudadana que considera el actual proceso. Sin embargo, la tradición democrática se mantiene y asimismo la convicción de la responsabilidad de hacer visibles y presentes las necesidades y propuestas de los distintos sectores de mujeres. Es decir, la agenda prioritaria de las organizaciones feministas se mantiene: la igualdad y la no discriminación, el trabajo no remunerado y de cuidados, la vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, sumados a los derechos sociales de la salud, la educación, la vivienda, la previsión social, es decir, el Estado social y democrático de derechos se volverán a presentar al debate del Consejo Constitucional.
Como Observatorio de Género y Equidad, aportamos información sobre los mecanismos de participación ciudadana en este proceso constitucional y recogemos la visión de una constitucionalista y una líder de las niñas, adolescentes y jóvenes que se aprestan al ejercicio ciudadano de hacer visibles sus necesidades y propuestas.
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