No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague: el día 17 de diciembre la ciudadanía decidirá si está “a favor” o “en contra” del texto de Propuesta de Constitución Política emanado del Consejo Constitucional y entregado oficialmente al Presidente de la República, quien ha convocado a plebiscitarlo dentro de un mes, un plebiscito con voto obligatorio, de acuerdo con la legislación vigente. El gran desafío que se ha abierto es que la ciudadanía toda, a lo largo y ancho del país, en ciudades y campos, en la metrópoli y en los lugares más recónditos de la patria, conozca y comprenda los aportes y limitaciones del texto propuesto.
La publicación, que se distribuye gratuitamente a contar de esta semana, tiene 182 páginas, dieciocho capítulos, incluidas las normas transitorias y más de 50.000 palabras. Sirvió de base a este texto el Anteproyecto de Constitución Política, entregado en junio pasado por la Comisión Experta, integrada en forma paritaria por 24 miembros designados por ambas cámaras del Congreso de forma proporcional con participación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Tiene 134 páginas, catorce capítulos más las disposiciones transitorias y en torno a 45.000 palabras. Este texto fue reconocido como un esfuerzo transversal de las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo que satisficiera al abanico de visiones e intereses representados por las expertas y expertos.
La experiencia de la Convención Constitucional y su propuesta de Constitución ha sido descrita por quienes promovieron su rechazo, como traumática y extrema, como identitaria y refundacional. Se ha interpretado la conformación del Consejo Constitucional, en que el Partido Republicado y los partidos de Chile Vamos lograron una mayoría indiscutible en la elección del 5 de mayo, como una respuesta a ese fallido proceso. Sin embargo, hoy día la ciudadanía se ve enfrentada a aprobar o rechazar un nuevo texto que, de acuerdo con un amplio abanico de opiniones, adolece de los mismos problemas que el texto de 2022, pero con una dirección ideológica inversa. En efecto, a pesar de los esfuerzos de distintos sectores sociales de incidir a través de los mecanismos de participación establecidos (Consulta Ciudadana, Iniciativa Popular de Norma, Diálogos Ciudadanos y Audiencias Públicas), la mayoría de derecha del Consejo ignoró las críticas al proceso de 2022 y las promesas de campaña sintetizadas en la consigna “Una que nos una”, el texto equilibrado de la Comisión Experta, las propuestas ciudadanas y también aquellas de consejeras y consejeros de centro izquierda e izquierda. El sector mayoritario no escuchó, no dialogó, no buscó generar una Constitución que recogiera las preocupaciones y propuestas de la minoría, y el texto resultante adolece de errores técnicos y retrocede incluso respecto de la Constitución de 1980 en su versión original.
Se ha iniciado ya el período de campaña para el plebiscito del 17 de diciembre, en la “franja electoral” de televisión se exponen argumentos a favor y en contra del texto entregado, en las redes sociales se multiplican los llamados en ambos sentidos y se escucha propaganda política de la posición “a favor”, lo que hace visible el desequilibrio en el financiamiento de una y otra posición. El empresariado ha manifestado ya su opción a favor, pero aumentan las voces expertas y autorizadas de constitucionalistas y en otras temáticas específicas que cuestionan y alertan sobre las deficiencias y consecuencias negativas que tendría su aprobación, no sólo para el funcionamiento del Estado, sino para la democracia propiamente tal. Aparece especialmente amenazante para los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y trabajadores, en general.
Como Observatorio de Género y Equidad, nos sumamos a un debate ciudadano que es estratégico para las mujeres ante la posibilidad de retroceder respecto de los avances alcanzados hasta la fecha a través de las modificaciones a la Constitución de 1980 y de la legislación nacional. Para ello presentamos la visión y análisis de dos consejeras constitucionales y de una organización de la sociedad civil sobre la propuesta de Constitución.
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