Finalmente se ha iniciado el trabajo del Consejo Constitucional sobre el borrador de nueva Constitución aprobado por la Comisión Experta, un Consejo paritario que incluye a un representante mapuche, que eligió presidenta a una mujer, Beatriz Hevia, activa militante del Partido Republicano y como vicepresidente al ex-rector de la Universidad de Valparaíso, independiente, Aldo Valle. La distribución de fuerzas políticas deja a los partidos de derecha con una holgada mayoría, a nivel general y en las 4 comisiones: Sistema político, reforma constitucional y forma de Estado; Función jurisdiccional y órganos autónomos; Principios, derechos civiles y políticos; y Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Todas ellas serán encabezadas por consejeros de partidos de derecha.
Al asumir las autoridades del Consejo y las y los consejeros, ha predominado un discurso que enfatiza la necesidad de escucharse y llegar a acuerdos, de dialogar, de asegurar la representación de toda la ciudadanía que se expresó en la elección del 7 de mayo, a no repetir los errores del proceso anterior en la Convención Constitucional, que concluyó con un rechazo mayoritario del texto propuesto.
La instancia tiene plazo hasta el 7 de noviembre para entregar la propuesta final de Constitución que será sometida al escrutinio popular en el plebiscito de salida, el próximo 17 de diciembre, con voto obligatorio. Junto con instalarse el Consejo, se han abierto cuatro mecanismos de participación: Audiencias Públicas, Iniciativas Populares de Norma, una Consulta Ciudadana y Diálogos Ciudadanos.
Las encuestas semanales han revelado un gran interés en el proceso, pero al mismo tiempo, bajos niveles de información y una amplia disposición a rechazar la propuesta que emane de este Consejo por la desconfianza en su trabajo. De allí los esfuerzos por motivar a la participación a través de distintas vías de información y la multiplicación de instancias de debate.
Sin duda, se aprecia una gran preocupación por superar las deficiencias del proceso anterior y se han recabado las lecciones del mismo, una de las cuales es que quienes ostentan ahora la mayoría en el Consejo, sepan administrarla y buscar acuerdos transversales, de modo que el texto que se proponga a la ciudadanía recoja toda la diversidad de posiciones. Ello supone generar confianza entre las y los consejeros para construir los acuerdos necesarios.
Entre las organizaciones feministas se mantiene la preocupación por los contenidos de la nueva propuesta, por la posibilidad de incidir a través de los estrechos mecanismos de participación ciudadana, considerando la correlación de fuerzas políticas en el Consejo. Muchas han decidido retornar al trabajo territorial en sus agendas específicas y sumarse sólo si evalúan que es posible avanzar en derechos de las mujeres. La presencia de consejeras feministas, que asegura que los temas estratégicos serán planteados: igualdad sustantiva y paridad, derecho al cuidado, a una vida libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos, principalmente, no da garantías suficientes de que se logre mejorar el texto borrador entregado por la Comisión Experta en el que reconocen vacíos importantes.
Sin embargo, también hay organizaciones feministas que están desarrollando iniciativas populares de norma para hacer presente la agenda histórica de las mujeres, para garantizar el debate de los temas prioritarios, apoyando así a las consejeras feministas y a los consejeros que comparten esa agenda democratizadora. El desafío será reunir las 10 mil firmas para cada una de ellas, a pesar del escaso tiempo y de los recursos escasos.
Como Observatorio de Género y Equidad, nos ha parecido relevante presentar las lecciones del proceso constituyente 2019-2022, y dar voz a dos consejeras, con sus prioridades y apreciaciones sobre los desafíos del trabajo en el Consejo, dada la correlación de fuerzas políticas e ideológicas existente en él.
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