BUENOS AIRES — Lucía Bulat, estudiante de Medicina de 19 años, estaba bailando en las escaleras frente al palacio legislativo en la capital argentina mientras veía a quienes se manifestaban a favor de la despenalización del aborto reunidos ahí.
“Es un día hermoso”, dijo Bulat ese 10 de abril. “Nos estamos empoderando y reclamando por nuestros derechos. No podemos dejar que otros nos digan qué podemos hacer con nuestros cuerpos y qué no”.
No fue hace tanto tiempo que los activistas proaborto en Argentina tenían pocas esperanzas de que pudieran volver del tema tan polarizante una prioridad legislativa.
Sin embargo, los legisladores en el país –de donde es oriundo el papa Francisco– ahora se encuentran debatiendo una medida para que se pueda interrumpir un embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación.
Si tienen éxito quienes promueven la medida, Argentina se convertiría en el país más poblado de América Latina en permitir el aborto, un hito en una región donde la norma son las estrictas leyes en contra.
El que el tema esté a discusión en la Cámara de Diputados es visto por muchos como un resultado directo del activismo a favor de los derechos de la mujer en la nación, que despegó particularmente en 2015 con la campaña contra feminicidios “Ni una menos“.
Cientos de miles de mujeres han tomado las calles en años recientes para despertar conciencia sobre la violencia doméstica e impulsar que haya leyes más fuertes para la protección de las mujeres.
“El movimiento Ni Una Menos contribuyó a aumentar la adhesión al movimiento feminista y a generar una demanda generalizada para lograr más igualdad de derechos”, dijo Dora Barrancos, socióloga del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). “Ese cambio se ve muy contundente”.
“La lucha contra los femicidios nos llevó a luchar contra todo tipo de violencia hacia la mujer. No poder decidir sobre nuestros cuerpos es una forma de violencia”, aseguró.
La posibilidad de la despenalización ganó terreno político a principios de este año cuando el presidente Mauricio Macri, quien personalmente se opone al aborto, abogó por que los legisladores votaran según su conciencia.
Si la medida es aprobada, lo que aún no es seguro, sería en parte gracias a una coalición de quienes se han vuelto inesperadamente aliados en un Congreso comúnmente enfrentado.
El activismo promujeres en el país ha llevado a algunas legisladoras a respaldar la despenalización, entre ellas, Victoria Donda, de izquierda; Brenda Austin, de la coalición de centroderecha de Macri, Cambiemos; Romina del Plá, del Partido Obrero, y Mónica Macha, aliada de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“Si bien tenemos diferencias polÍticas en muchos aspectos, tenemos una coincidencia profunda sobre este tema,” dijo Macha.
Está programado que a lo largo de los siguientes dos meses cientos de expertos y testigos comparezcan frente a una comisión especial que se reunirá cada dos semanas para discutir la legislación.
Varios países en América Latina permiten el aborto en circunstancias específicas, como embarazos resultado de una violación o cuando peligra la vida de la madre si continúa la gestación. Argentina sería el cuarto país latinoamericano en despenalizarlo sin esas restricciones, después de Cuba, Uruguay, Guayana y algunas partes de México.
Quienes impulsan la despenalización dicen que su principal motivación es salvar vidas. Las complicaciones por abortos clandestinos suman el 18 por ciento de las muertes maternas en Argentina, lo que las vuelve la causa principal de esos fallecimientos, según Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, organización sin fines de lucro. En 2016 y 2015, dijo, al menos 98 mujeres perdieron la vida a causa de abortos clandestinos.
“Hay entre 45.000 y casi 60.000 hospitalizaciones derivadas de abortos clandestinos por año”, dijo Austin, la legisladora de Cambiemos. “Quienes están en contra del aborto legal están a favor del aborto clandestino”.
Aunque sí está permitido que las mujeres víctimas de violación o que enfrentan un embarazo posiblemente mortal puedan abortar en Argentina, muy pocos médicos realizan el procedimiento porque temen contravenir la ley.
“En la práctica no se respetan esas excepciones y lo que vemos es una prohibición prácticamente total a los abortos”, dijo Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, quien visitó Argentina la semana del 9 de abril.
El respaldo a la despenalización también ha crecido en los últimos años, en parte a medida que la iglesia Católica ha perdido peso.
Un sondeo de 2006 del Centro de Estudios de Estado y Sociedad mostró que el 37 por ciento de los argentinos opina que las mujeres deberían de poder abortar sin importar la causa, una cifra que aumentó a 49 por ciento en una nueva encuesta realizada en marzo por el mismo grupo.
“Hay una correlación muy clara: las poblaciones más modernas y urbanas son más propensas a aprobar la legalización”, dijo Lucas Romero, quien dirige la consultora Synopsis.
El respaldo entre los encuestados tomó por sorpresa hasta a algunos expertos.
“El número me sorprendió mucho”, dijo Vanesa Vázquez Laba, quien dirige el departamento de Género y Diversidad Sexual en la Universidad Nacional de General San Martín. “Evidentemente, la atención a la violencia de género llevó a que el tema del aborto tome un rol más prominente en la sociedad en su conjunto”.
Esas cifras y el aumento en la influencia del movimiento a favor del aborto probablemente son lo que motivaron a Macri a asumir una postura relativamente neutra mientras el Congreso debate el tema.
“Como más de una vez dije, estoy a favor de la vida”, dijo Macri el 1 de marzo antes de que se abriera la discusión legislativa. “Pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos”.
Los líderes eclesiásticos, en tanto, han sido enfáticos en su oposición y recientemente han argumentado que mejorar la educación sexual en las escuelas es una mejor estrategia para atender la cantidad de embarazos no deseados.
La primera audiencia legislativa sobre el tema este abril se desarrolló de una manera inusualmente tranquila para los estándares de un congreso comúnmente enconoso. En un intento de reducir la acritud en el debate, Daniel Lipovetzy, el legislador afín al gobierno que encabeza la comisión y quien está a favor de la despenalización, insistió que todas las preguntas a los expertos sean presentadas por escrito.
Afuera del Congreso ese 10 de abril, un grupo de manifestantes antiaborto pidieron a los legisladores que “legislen por los dos”, madre y bebé en gestación, mientras aplaudían al ritmo de un supuesto ritmo cardiaco y cantaban canciones provida.
“Nadie tiene derecho a matar una vida”, dijo Sabrina Soulier, de 28 años. “El asesinato también existe, pero eso no quiere decir que lo vamos a legalizar”.
Unos 36 legisladores de los 256 que ejercerían su voto no han dicho cuál es su postura, según un conteo hecho por Lipovetzy, quien espera que los indecisos terminen decantándose a favor.
“Es un final abierto”, dijo el legislador. “Cómo se distribuyen esos indecisos va a determinar el resultado”.
Muchos esperan que la batalla termine centrada en el Senado, donde tienen más peso las provincias rurales. Un conteo de Economía Feminista, que aboga por la igualdad de género, indica que solo dieciséis senadores se han pronunciado a favor de la despenalización; veintisiete han dicho estar en contra, y veintinueve no han declarado su postura.
Sin embargo, los activistas están convencidos de que será difícil para los senadores votar en contra si la medida obtiene un apoyo amplio en la Cámara Baja.
“Ningun senador es suicida”, dijo Donda, una de las legisladoras que es parte de la coalición prodespenalización. “Vamos a ganar porque tenemos los argumentos más sólidos”.
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