Por Daniel Meza Riquelme
Para Francisca Rodríguez, actual presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y militante del Partido Comunista, el problema de la inseguridad alimentaria no es nuevo. Ya en 1982 participó en las ollas comunes de Villa Francia. Con el regreso a la democracia se abocó a trabajar en la organización que actualmente preside. En esta nueva crisis por la que atraviesa Chile, considera urgente que el país cuente con un proyecto de soberanía alimentaria; le preocupa que el gobierno y otros actores instrumentalicen las redes de ayuda que han surgido para afrontar el problema del hambre exacerbado por la pandemia.
Francisca afirma que hay diferencias importantes entre las ollas comunes de 1982 y las que desde abril han germinado. Las primeras nacieron tanto de la crisis económica como de la necesidad de tener espacios comunes. “Eran espacios de discusión. También se realizaban talleres. Por eso, al regresar la democracia muchas personas añoraban ese tipo de organización (…) ahora están cautivas (producto de las medidas sanitarias) realizan un trabajo de solidaridad, pero no pueden hacer lo que se hacían en dictadura”.
Otra diferencia, y es una de sus mayores preocupaciones, es que las actuales redes de ayuda alimenticia sean instrumentalizadas por actores institucionales y privados. «No tenemos que permitir que el gobierno se quiera apropiar de nuestra cultura solidaria. Debiesen sentir vergüenza de que el país se esté llenando de ollas comunes. Ellos han tratado de violar esos espacios. Para ellos debiese ser una vergüenza, porque significa el desamparo que ha tenido el pueblo. Debiera avergonzarles ver como se hace visible la miseria que hasta hace poco estaba escondida».
Pese a las diferencias entre ambos contextos, cree que estos procesos de organización ante la inseguridad alimentaria tienen un punto en común: fueron, son y serán espacios de resistencia. En dictadura “fueron un espacio simbólico de resistencia”, ahora a través de ellas “la gente acumula fuerzas para sobrevivir a esto y en el futuro seguir haciendo la resistencia”. Enfatiza que la crisis económica y la inseguridad alimentaria provocada por la pandemia instalan la responsabilidad en los estados como garantes del acceso a una alimentación saludable. Que debe ser un derecho social garantizado y no en manos de organismos privados: “La alimentación nunca debe ser un elemento para enriquecerse, porque es un derecho humano”.
Así, la dirigenta cataloga como “cohecho moderno” el despliegue realizado por autoridades, tanto de gobierno como municipales, en la entrega de las cajas de alimentos. Señala que ese tipo de prácticas no solucionan el problema de fondo, no otorgan la nutrición necesaria y vulnera la dignidad de las personas. Esa crítica también la aplica a la cobertura que noticiarios y programas de televisión han hecho de la entrega de la mercadería y en las ollas comunes: “Eso sí es violencia, que lleguen a las ollas comunes y quieran entrevistar a la gente”.
Anamuri se encuentra en estos días realizando una campaña de recolección y envío de semillas a diferentes ciudades para que se armen huertas. «Así afrontar una crisis alimentaria que es y será brutal. Tenemos que buscar un camino para producir alimentos propios, con huertas en las ciudades y en el campo produciendo los alimentos que este país necesita. Eso es soberanía alimentaria, no tener dependencia alimentaría externa”.
Cree que es urgente trazar caminos para impedir que el hambre siga avanzando, tanto porque es un derecho humano como para evitar situaciones violentas motivadas por la desesperación. Así describe lo que sucede con los pequeños agricultores de Lampa, quienes las últimas noches han debido montar guardia para evitar la sustracción de sus plantaciones. Algunos, afirma, ya han sufrido el robo de cosechas de rúcula y acelga. “El hambre del pueblo reclama los alimentos que no tiene (…) la miseria te puede llevar por cualquier camino”.
Francisca Rodríguez enfatiza acerca de la importancia que la actual administración subsidie a los pequeños y medianos productores agrícolas. Para así protegerlos del abuso que realizan los intermediarios y permitirles los ingresos para vivir con dignidad. Dice que al inicio de la crisis la producción de porotos se les compró a $500 el kilo, valor que hoy en el mercado se multiplica hasta por seis. Cree que si el gobierno subsidia la agricultura, se pagarán precios justos a los productores, se asegurará la producción y los consumidores obtendrán precios más bajos.
Reforma agraria y Nueva Constitución
«Cuándo constituimos Anamuri nos fuimos en rebeldía. No estábamos contra las organizaciones, nunca lo hemos estado, nos rebelamos contra un patriarcado muy fuerte que había dentro del movimiento sindical”. Así define el momento fundacional, junto con otras 53 mujeres de la asociación. Cree que en las organizaciones sociales y sindicales el machismo ha disminuido, pero sigue siendo fuerte. Por eso «nosotras no estamos disputando protagonismo, estamos construyendo protagonismo». La principal lucha es la recuperación de las semillas, por ser “un ejercicio básico de soberanía. Porque de ahí provienen diferentes formas de alimentación que dan lugar a la identidad. Quitarnos la capacidad de producción de la semilla y obligarnos a comprarla, es mutilarnos”.
«Si el pueblo no toma conciencia, seguiremos viviendo de una agricultura industrial que hoy día nos ha enfermando: la obesidad, la diabetes, los infartos, los diferentes tipos de cáncer provienen de lo que comemos”. Lo dice desde una convicción que es muy personal. “Lo que nosotras hacemos, al denunciar esto, es una defensa por la vida. Necesitamos una alimentación sana, sin agro tóxicos, sin hormonas.
Desde su visión, uno de los principales problemas de la actualidad reside en el desacoplamiento total entre las formas de producción de alimentos y su consumo. Donde la población desconoce tanto la manera en que se elaboran como sus aportes nutricionales. Esto, junto a los incentivos del mercado, el ritmo de vida de la ciudad y la precarización, ha provocado la adopción masiva de dietas de malnutrición centradas en la comida rápida. Así que Francisca declara que parte importante su activismo es por “dar una lucha por una alimentación sana de los niños”.
Para eso, Francisca Rodriguez cree que es necesario un regreso a los sistemas tradicionales de alimentación. Los mismos que hace décadas comenzaron a ser despreciados y reemplazados por comida chatarra. Aquella vuelta a las raíces alimentarias se involucraría con la identidad de los pueblos que habitan el territorio: “Para recuperar nuestros modos de vivir y producir, necesitamos recuperar nuestro modo de consumir”.
«Debe haber transformaciones profundas de las políticas agrícolas para así adoptar formas diferentes de producir, vivir y consumir. Es necesaria una reforma agraria integral, no sólo ligada a la expropiación de la tierra. Sino que centrada en preservar la vida y la salud de la población (…) durante gobierno de Aylwin nos dijeron que la democracia era tan frágil que guardáramos la bandera de la reforma agraria hasta el aseguramiento del proceso. Pero el interés de instalar el neoliberalismo en el campo provocó que aquella demanda se guardara bajo siete llaves para que el pueblo la olvidara«.
“Desde Anamuri decimos reforma agraria y popular. Popular porque debe ser un triunfo del pueblo. A las campesinas y campesinos nos toca trabajar la tierra, pero ésta es un patrimonio del país, del pueblo (…) no estamos contra los medianos productores o empresas nacionales. Estamos en contra del tráfico de alimentos de las grandes transnacionales. El país debe una estructura de producción de alimentos propia”.
“La reforma agraria debe estar en una Nueva Constitución. Quizás no vamos a expropiar fundos, pero si empresas. Vamos a recuperar sistemas de producción. Es cierto que no hay latifundio. Pero si hay concentración de la tierra. Hay concentración del agua, que es el crimen más grande que la dictadura cometió contra la naturaleza y el pueblo. Todas y todos tenemos el deber moral de no dejar morir la tierra».
Francisca Rodríguez asegura que es imperioso retomar la experiencia y el programa de la Unidad Popular. Así la tierra sea de las campesinas y campesinos que la trabajan. Retomando y rejuveneciendo aquella hoja de ruta política que buscaba el reparto de aquel bien esencial. Llama a reflexionar sobre los caminos truncados de la izquierda política y los movimientos sociales, así identificar análisis y herramientas que aún puedan ser utilizadas para los desafíos de este nuevo período político. “Volver la mirada hacia atrás, para ver dónde se nos torció el camino y como debemos volver a caminar. Los enemigos no están en el pueblo, ellos nos quieren ver peleando”.
Esta reflexión, la reforma agraria y la transformación del campo tienen sentido de urgencia, de sobrevivencia. La agricultura campesina, afirma, “se encuentra en exterminio”, amenazada por el agro negocio. Se invierte mucho para presentar al campo como área de turismo, tarjeta postal, pero se le desacopla como productor de alimentos.
La postura clásica del agro ha sido la mecanización del campo y el uso intensivo de químicos, como las únicas vía para asegurar el abastecimiento de alimentos hacia las grandes ciudades. Ante el aumento explosivo de la población, se haría necesaria la producción masiva para abaratar costos. El uso de pesticidas con el objetivo de evitar la aparición de plagas que amanecen la seguridad alimentaria de los grandes centros urbanos. Ante esto Francisca responde: “Esa es la justificación que ellos han buscado (ríe). Es una mentira. Eso ha pasado porque las mejores tierras agrícolas de las ciudades han sido destruidas. La industria inmobiliaria ha eliminado los cinturones agrícolas que rodeaban y abastecían a la ciudad. Las plagas con el tiempo, al igual que los virus, disminuyen. Los cultivos se van adaptando, generando defensas».
La cocina como germen de la comunidad
Francisca Rodríguez cree que en el caso del campo, la cocina no es espacio de explotación y relegación de las mujeres. Al contrario, es el lugar donde se funda y se hace comunidad, tiene una connotación diferente a la cocina urbana y es importante remarcar sus diferencias. «Nosotras defendemos la cocina porque es el espacio central. Ahí se encuentra el fogón, ahí se hace el hilado y se separa la semilla, toda la vida ocurre ahí. Se produce el dialogo y el traspaso de saberes. Tiene una connotación significativa e importante como espacio de unidad de las familias. También, como espacio de dominio; se discute la planificación de la agricultura campesina. Por eso la hemos defendido. Lo que nosotras queremos es compartir labores”.
«La cocina es el centro más importante. Es muy nuestro, de nuestra familia. Eso ha costado que el movimiento feminista lo entienda. Nos preguntan ¿por qué defienden la cocina? Nosotras no queremos que nos saquen de ella. No queremos que nos saquen de la siembra. No queremos que nos saquen de la toma de decisiones. Es un espacio simbólico. Es como la ruca. Es un lugar fraternal de convivencia, de calorcito, del mate, del tejido, de la preparación de la comida y donde se reciben las visitas. Es parte de la identidad de los pueblos campesinos e indígenas. Para nosotras la cocina es un espacio de reconocimiento que obedece a nuestra cultura».
No cree que las mujeres al estar encargadas de la cocina corran el peligro de ser encasilladas y esencializadas a ese rol por los sectores conservadores. De hecho, le molestan los programas de cocina porque en su mayoría son hombres quienes los monopolizan y protagonizan, sin mencionar ni reconocer el legado histórico de las mujeres en la gastronomía. Piensa que son parte “de la violencia simbólica del sistema. Hay una violencia muy fuerte en esos programas. Atentatoria contra la alimentación que debiera ser un derecho social garantizado”, porque las preparaciones que se presentan no son accesibles a la mayoría de la población.
Recalca los problemas que en la actualidad viven las campesinas indígenas. “Penalizan que salgamos con los canastos a vender. Queda al criterio de que el alcalde se haga el leso y no dé la orden para que tomen presas a las que están vendiendo en las calles. Hay una persecución hacia el comercio ambulante de las campesinas (…) la pequeña producción de esas mujeres es la más solidaria que hay. Se alimenta a la familia y el excedente se va al comercio. Un comercio amigable, donde la compañera te va a dar hasta recetas. Ese tipo de intercambio es fraterno, es un puente donde se traspasan los saberes desde el campo a la ciudad».
Francisca clama por la desigualdad histórica que aún se mantiene hacia al campo, donde las mujeres son las más afectadas. “El gobierno tiene que invertir porque las campesinas y campesinos tenemos derecho a vivir de la misma forma que la gente de la ciudad, con servicios básicos garantizados. Con mejor conectividad (transporte), mejor acceso: a la educación, a la salud, y a la vivienda. Porque se ha avanzado, por ejemplo, se ha electrificado. Pero aún el agua se reparte en camiones aljibes. Estamos pidiendo esos derechos, que son básicos para garantizar una vida digna. No puede ser que estén garantizados sólo para un segmento, en desmedro de todas y todos”.
También le preocupa la reforma al Ministerio de Agricultura ingresada por el presidente Sebastián Piñera en enero de este año. La iniciativa que aún debe ser aprobada por el Congreso, se dispone a crear el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. El objetivo, según el Mandatario, es hacer más competitiva la agricultura. También, pretende absorber el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) con la finalidad de modernizarlo. Respecto a estos cambios, Francisca Rodríguez dice que los campesinos “están con terror porque piensan que los pocos recursos se los van a llevar los pescadores”. Cree que el problema de esa reforma se debe a que “piensan por nosotros, lo hacen entre cuatro paredes. Omiten nuestra capacidad de trabajo y pensamiento”. A su parecer se hace necesario que la ciudadanía, pescadores y agricultores sean considerados, que sean ellos quienes se sienten a discutir una propuesta que sea acorde a sus necesidades.
Finaliza mencionando que uno de “los peores males de este gobierno es la dependencia que ha generado en varias organizaciones”. No las nombra, opta por declarar que los proyectos de apoyo que ha generado la actual administración han limitado la autonomía y el rango de acción de algunos círculos. Remarca que en Anamuri aquella situación no pasaría, que por eso son “la piedra en el zapato del Indap (Instituto de Desarrollo Agropecuario)”. Porque su rebeldía las empuja a la defensa de las pequeñas agriculturas perseguidas por vender su producción en las calles, a clamar por una nueva reforma agraria y a denunciar lo que consideran una mala gestión de la crisis por parte de las autoridades. Ellas y todas “nosotras somos las sembradoras de esperanza”.
Crédito fotografía destacada: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO
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