Intervención en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado

En una sesión especial, el Observatorio, fue invitado a presentar sus observaciones al Proyecto de Participación que se discute hace 4 años en el Parlamento. A dicha instancia asistieron además Acción, el Observatorio Parlamentario, la Red de Voluntarios, entre otros.

Teresa Valdés Echenique
Coordinadora Observatorio de Género y Equidad
Ex – Presidenta del Consejo del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil  (provisorio) (2003-2007)

Señor Presidente:

En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de participar en esta sesión.

En segundo lugar, quiero señalar que hablo desde una doble condición, como Coordinadora el Observatorio de Género y Equidad y también como Ex –presidenta del Consejo del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil.

Vengo del movimiento de mujeres que luchó contra la dictadura, donde fui compañera y amiga de Nelda Panicucci, notable dirigente de las mujeres y tía suya, que nos ha dejado recientemente, y que, sin duda, hubiera querido estar aquí para promover la participación ciudadana. Aprovecho la oportunidad de rendirle un homenaje.

Ha sido largo el camino que hemos recorrido para llegar a este momento y somos muchos los ciudadanos y ciudadanas que hemos puesto nuestras energías y compromiso para que ello fuera posible. Nos felicitamos y felicitamos al Gobierno por haber podido llegar a este momento en que tenemos este proyecto de Ley en discusión en el Senado.

Quienes hemos contribuido a ello lo hemos hecho desde la profunda convicción que el rol que jugamos como dirigentes y como organizaciones sociales en la construcción de la sociedad que queremos: democrática, participativa, con justicia social, sin discriminaciones y con equidad de género, es insustituible.

Lo hemos hecho recogiendo tradiciones tan queridas en nuestra historia, desde el mundo popular, vecinal y comunitario, desde el quehacer de profesionales, técnicos, intelectuales, desde la solidaridad y la tradición de acción voluntaria, y también desde una pluralidad de nuevos actores que han venido a enriquecer nuestro desarrollo social en las últimas décadas, cuyos representantes también se encuentran aquí.

Lo hemos hecho con la profunda convicción de que un desarrollo plenamente sostenible requiere nuestra presencia activa, autónoma, creativa y responsable.

Este proyecto es el resultado de un proceso muy largo, que se remonta a décadas atrás.  El Presidente Lagos, antes de asumir la Presidencia, contrajo -con una pluralidad de dirigentes sociales- el compromiso político de impulsar una política de fortalecimiento de la sociedad civil y de la participación social. Una vez en la Presidencia puso en marcha, tanto un Instructivo Presidencial sobre Participación, como un Consejo Ciudadano destinado a hacer propuestas concretas para fortalecer a la sociedad civil. Parte importante de las propuestas contenidas en el Informe elaborado por el Consejo fueron acogidas y este proyecto de Ley de Participación Ciudadana, en la que participaron miles de dirigentes a lo largo y ancho del país, que está en la base del proyecto que nos convoca, y la creación del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, forman parte de él.

Quiero respaldar plenamente este proyecto y solicitar a esta Comisión su más pronta tramitación y aprobación, por cuanto es de fundamental importancia.

Esta ley constituye una oportunidad única para fortalecer nuestra democracia y viene a saldar una deuda que la transición democrática tiene con la sociedad civil. Si bien durantes estos años se ha avanzado en diversas áreas del quehacer nacional de gran importancia, no ha sucedido igual en lo que respecta a la participación y el reconocimiento del rol que cumplen las organizaciones sociales, salvo contadas excepciones o puntualmente en situaciones críticas. No se menciona a las organizaciones y la sociedad civil en los medios de comunicación salvo cuando hay conflictos o problemas. Sin embargo, qué diferente hubiera sido la implementación del Transantiago si se hubiera escuchado a las organizaciones sociales.

Este proyecto reconoce y valora la diversidad de expresiones de la sociedad civil. Al mismo tiempo propone mecanismos para asegurar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. La relación entre el Estado y la sociedad civil puede verse transformada, desde un patrón eminentemente vertical, hacia formas de cooperación y complementación que reconozcan y valoren el aporte de las organizaciones sociales, incluso, establezcan prioridades en conjunto. Al abrir espacios a los aportes ciudadanos, se redefine también el rol del Estado.

Necesitamos contar con una sociedad civil poderosa y diversa, organizada en diferentes modos y sectores, con capacidad de acuerdo, interlocución y resolución autónoma de conflictos, que infunda profundidad y permanencia a la democracia. Una ciudadanía activa, personas capaces de ejercer derechos y deberes, gente capaz de preguntarse sobre el tipo de gobierno que quiere darse, el tipo de relaciones que quieren establecer entre ellos, el tipo de sociedad y de cultura que aspiran a construir. El fortalecimiento de la sociedad civil se constituye, entonces, en una tarea central para el Chile actual.

El Fondo que se propone es único en su naturaleza, por cuanto apunta a que las organizaciones se fortalezcan y desarrollen acciones desde sus propias agendas y desde su autonomía. Permite que las organizaciones “de interés público” puedan desarrollar actividades y encuentros, a nivel local, regional y nacional.

Ambas iniciativas –la discusión de la ley sobre participación y el fondo para el fortalecimiento de la sociedad civil- dan respuesta a las esperanzas que existen en muchos chilenos y chilenas de participar y de organizarse, y también dan cuenta de la validez de la colaboración entre el Estado y la sociedad civil.

En cuanto a la participación en la gestión pública, el proyecto de ley hace visible que es necesario conformar alianzas estratégicas entre los organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, involucrando a todos los actores comprometidos e interesados (municipios, universidades, partidos políticos, medios de comunicación, etc.), para lograr niveles crecientes de diálogo, gestión y evaluación social de las políticas públicas y de la participación ciudadana. Ello supone un Estado convencido, con voluntad política para entregar poder de decisión y que valore la iniciativa de actores diversos que actúen como actores autónomos y propositivos.

Este proyecto constituye un primer paso, pero aún hay espacio para seguir avanzando y ojalá, durante la discusión parlamentaria, incorporar algunas propuestas. En efecto, hay algunos desafíos que mencionar y me referiré sólo a dos, puesto que aquí están presentes representantes de distintas organizaciones que harán también sus observaciones y propuestas,

1) En relación al Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, este requiere ser dotado de mayor autonomía en su gestión y administración. La dependencia que tiene en la figura actual dificulta e incluso constituye una barrera para el cumplimiento de sus objetivos de fortalecimiento de la sociedad civil. Los requerimientos a las organizaciones no se condicen con su situación de alfabetización en la relación con las formalidades de rendición de cuentas y relación con el Estado. Por ejemplo, nos encontramos situaciones en que a una organización de base rural o local se le rechaza una rendición por incluir un vale por locomoción o alimentación por una cantidad ínfima.

Por otra parte, el financiamiento debe considerar plazos más largos, incluso plurianuales. En estos momentos, apenas alcanza para desarrollar una actividad.

El Fondo también debe obtener aportes de instancias como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de modo de ampliar los recursos a disposición de las organizaciones.
 

2) La participación en la gestión pública requiere ir más allá de la participación en Consejos de la Sociedad Civil, cuyo status es sólo consultivo. Si bien se reconoce que las organizaciones tienen un conocimiento importante, sea a nivel sectorial o general, que puede perfeccionar las políticas y programas gubernamentales, no se les da el peso que pueden tener y no hay obligatoriedad en cuanto a lo que estas aporten.

Hoy existen nuevos desafíos en la sociedad chilena como son la descentralización administrativa y el desarrollo regional; la equidad e igualdad de oportunidades; garantizar derechos básicos y reducir brechas sociales; el empoderamiento de la sociedad civil; cohesión e integración social; la seguridad ciudadana y la participación, etc. Esta ley responde a estas necesidades del siglo XXI que significan instalar un nuevo paradigma de la política y gestión públicas con la participación ciudadana.

Ello debe fundamentarse en un principio ético de reciprocidad y cooperación entre Estado y sociedad civil, con el propósito de promover una cultura de responsabilidad pública y participación ciudadana donde los distintos actores colaboren en el proceso de desarrollo en forma nítida. Esta ética de la reciprocidad implica reconocer a los interlocutores como “legítimos otros”, valorando positivamente su aporte al desarrollo del país y asumiendo que la cooperación brinda una formidable oportunidad de aprender de aquellos que son distintos.

Tendremos más democracia si tenemos mejor y más sociedad civil y si construimos un espacio público amplio, con participación de todos los actores de la ciudadanía.
 

Muchas gracias, Presidente.