Tal como muestra la reciente encuesta de Chile 21 que sitúa el cambio a la constitución con 78% de apoyo y la alternativa de asamblea constituyente con un 69% de las preferencias, lo cierto es que falta mucho todavía en términos de educación ciudadana.
Por Gloria de la Fuente, Directora del Programa Calidad de Política, Fundación Chile 21
Y ocurrió por fin, después de un año de espera la Presidenta de la República se pronunció sobre una de sus reformas más relevantes, el procedimiento que se impulsaría para desarrollar el cambio a la Constitución. Ello en medio de un clima complejo no sólo por la acelerada baja en la aprobación de la gestión del Gobierno, sino que también por el desprestigio generalizado del mundo político salpicado, cual mas cual menos, por escándalos de corrupción.
En tal sentido, la decisión fue audaz e inteligente, porque independiente que el cambio a la constitución y la asamblea constituyente tiene amplios niveles de apoyo, tal como muestra la reciente encuesta de Chile 21 que sitúa el cambio a la constitución con 78% de apoyo y la alternativa de asamblea constituyente con un 69% de las preferencias, lo cierto es que falta mucho todavía en términos de educación ciudadana, promover la corresponsabilidad en el debate y darle densidad al proceso mismo que podría implicar, entre otras cosas, dinamizar nuestro alicaído ambiente político nacional y las alternativas de proyecto disponible.
En por esta razón que la apuesta fue acertada por varias razones y constituyen una buena noticia.
Primero, porque puso el énfasis en el proceso y con ello me refiero a la dinámica político y social que se debe gatillar para llegar a puerto, independiente del mecanismo e incluso de los contenidos, porque en ello se juega la legitimidad social que requiere el resultado.
Segundo, porque habría sido difícil para el gobierno impulsar con fuerza una alternativa de cambio a la constitución ahora, con bajos niveles de apoyo ciudadano y con un desorden inusitado en su coalición particularmente dividido en estas materias.
Tercero, porque si bien el debate constitucional es de máxima importancia, no hay que olvidar que en la actualidad se discuten paquetes de reformas clave para cumplir la promesa de romper la desigualdad, como son la reforma laboral, la educacional y la de probidad y transparencia, todas ellas con impacto significativo en el combate a la desigualdad social, cultural y política.
Cuarto, porque en un escenario donde la participación en las elecciones ha decaído de manera importante y donde las campañas son cada vez más un producto del marketing que una oportunidad para debatir ideas, darle al siguiente congreso la posibilidad de pronunciarse sobre el mecanismo (y en consecuencia sobre contenidos), abrirá para los candidatos la necesidad de tener que tomar partido de cara a seducir a un electorado cada vez más esquivo y de paso, abrirá la posibilidad de recuperar la identidad partidaria/coalicional como una cuestión central.
Quinto, y tal vez la buena noticia más olvidada. Es que esta es una tremenda oportunidad para que una de las democracias más consolidadas y de mayor calidad en la región, demuestre que esta no sólo se basa en procedimientos formales y de elecciones, sino que también en debate ciudadano y promoción de formas de participación de distinta naturaleza, que son propias de una democracia de acción continua y no sólo de aquella de carácter casi exclusivamente representativo, tan propia del siglo anterior.
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