Lieta Vivaldi, Constanza Montecinos y Vicente Martínez: «El proceso constituyente es mucho más que la elaboración del texto constitucional»

Lieta Vivaldi, Constanza Montecinos y Vicente Martínez: «El proceso constituyente es mucho más que la elaboración del texto constitucional»

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Por Daniel Meza Riquelme

La Convención Constituyente, que comenzará a sesionar el próximo 2 de julio, tendrá como primera tarea la redacción de su propio reglamento. Aquel conjunto de normas definirá las metodologías de trabajo, la composición de las comisiones, los quórum de ciertas votaciones, la vinculación con la ciudadanía, entre otros temas. La diversidad de mujeres, las disidencias, los primeros pueblos y otros grupos históricamente excluidos consideran que el reglamento  será clave para que una nueva Constitución plasme las particularidades y diferencias  del territorio. Desde el Observatorio de Género y Equidad la propuesta es dar voz a las diferentes propuestas que rondan en este debate. En esta ocasión, conversamos con  Constanza Montecinos, abogada especialista en políticas públicas de Abofem; Lieta Vivaldi, abogada e investigadora asociada en el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y Vicente Martínez, abogado jefe de Participación e Incidencia en Constituyo y Coordinador General de Red para la Participación.

¿Qué proceso constituyente?

“Tengo una definición para esto, quizás no es muy técnica, pero me gusta llamarlo la bolsa de gato. Porque hay un poco de todo en la Convención”, así, con este diagnóstico de Constanza Montecinos inicia la conversación. Considera que es un punto fundante y positivo, que las diferentes sensibilidades que conforman el espacio conversen  entre sí y que ningún grupo pueda bloquear alguna discusión. Proyecta que esta composición deja obsoletas las actuales dinámicas institucionales. Es decir, emergerán y se establecerán otras formas de relacionamiento muy distintas,  por ejemplo, a las que tiene el actual parlamento.

Lieta Vivaldi introduce un matiz. “Es una composición bastante diversa y esperanzadora. Aunque será clave que el reglamento permita que esta composición sea representada en la Convención, que sea escuchada y que también sea oída la sociedad civil. Esto claramente es un muy buen indicio de que sea variada y no sean las mismas fuerzas de siempre. Sin embargo, no nos garantiza que realmente las diversas fuerzas estén en igualdad de condiciones y puedan ser escuchadas, por eso es tan importante un reglamento que pueda recoger las opiniones de la sociedad civil. Que las distintas voces de la Convención tengan igual peso, que no sean todas escuchando a alguna eminencia, sino que realmente haya igualdad de participación, igualdad de voto y obviamente, que estas distintas voces estén distribuidas en las comisiones que se formen”.

Por su parte, Vicente Martínez, complementa. Dice que el “proceso constituyente es mucho más que la elaboración del texto constitucional, es un proceso político, histórico y cultural más intenso. No es un tema de seguir sólo la opinión de expertas y expertos, porque  aquí no hay una solución necesariamente correcta o incorrecta ante los problemas (…) El desafío va a ser cómo diseñamos mecanismos de participación que no distorsionen esa representatividad y que no se creen espacios donde pueda haber una injerencia que no sea efectivamente democrática y representativa de cómo se ve Chile. Creo que ahí tenemos un desafío nuevo, que no existía antes del resultado de la elección cuando hablamos de participación ciudadana durante el proceso constituyente”.

Coinciden y creen imperioso que la experiencia histórica acumulada por los movimientos sociales sea considerada por la Convención. En primer lugar, porque son organizaciones que al estar insertas en los territorios, elaboran información que ayuda a comprender de mejor manera las diferentes sensibilidades de la ciudadanía. Además, ahí residen las diversas agendas que durante años la ciudadanía ha comenzado a levantar. Junto con un elemento, precisan, no menor: la integración del conocimiento situado y así tener las diferentes perspectivas locales de los territorios que componen el país.

“No basta con las voces de las y los expertos”, advierten. Han llegado a la conclusión que los movimientos sociales han alcanzado una madurez tanto programática como organizativa. Constanza Montecinos, explica ese proceso. Las asambleas y los cabildos ya no son espacios donde personas expertas realizan charlas desde conocimientos técnicos, en este caso el derecho, si no que instancias horizontales donde se discuten diferentes temas con conocimientos previos. Un caso claro, expone, es el movimiento feminista. La Articulación Feminista Territorial Elena Caffarena, integrada por más de una decena de organizaciones feministas y que trabajan en derechos humanos, por ejemplo, ya cuentan con una propuesta de reglamento que en los próximos días se comenzará a difundir.

Lieta Vivaldi propone que es necesario, tanto en la Convención y en los espacios ciudadanos, que se incentive la participación de las mujeres asegurando una compatibilidad con los trabajos de cuidados. “Lamentablemente, sabemos que actualmente en nuestra sociedad, estos trabajos lo siguen realizando mayoritariamente las mujeres. Entonces ¿cómo compatibilizamos los horarios  de funcionamiento de la Convención con las labores de cuidado para que pueda haber una mayor participación?”.

Agregan que el reglamento debe pensar como integrar a las niñas, niños y adolescentes a las discusiones. “Tienen mucho que decir en este proceso, son las generaciones también que vivirán los cambios que ahora estemas pensando, que el país está pensando”, dice Vivaldi.

 ¿La participación ciudadana debiese ser vinculante o consultiva?  Es una de las disyuntivas que se ha instalado en el debate de las organizaciones sociales y de mujeres. ¿Cuáles debiesen ser los límites de una posible participación ciudadana?

Lieta Vivaldi contextualiza  la importancia de no excluir a la ciudanía. “Si no hay una participación ciudadana sólida y no incentivamos eso en el mismo reglamento, va a ser una gran pérdida porque tenemos muchas personas pensando el país que queremos, necesitamos que esas voces estén recogidas en la Constitución”.

Constanza Montecinos, desde  Abofem, puntualiza: “Vinculante y no vinculante es un poco complejo porque hay muchos mecanismos de participación. Lo primero que nosotras intentamos hacer es enumerar un montón de mecanismos de participación que consideramos mínimos,  de los cuales no todos son vinculantes. Por ejemplo, algunos pueden ser consultas para recabar qué es lo que opinan las personas con respecto a ciertos temas. Pero para temas más importantes, quizás, sí es necesario que sean vinculantes”.

Vicente Martínez, dice, que el concepto de vinculante se encuentra distorsionado: “Automáticamente pensamos en un plebiscito en el que la decisión de la ciudadanía va a ser obligatoria. En general cuando se incorpora este mecanismo lo que se hace es que, si se logra una cierta cantidad de firmas, la Convención Constitucional está obligada a votarlo, pero sería muy problemático que estuviera obligada a aceptarlo”.

“Trataría en general de evitar que la ciudadanía tenga una voz vinculante en términos del contenido, ¿Qué es lo que sí tiene que pasar? Debe haber una devolución de todo lo que se haga. La Convención Constitucional tiene que responderles a las personas, tiene que decirles ´mira, esto pasó, ustedes propusieron esta norma, no la incorporamos porque, no sé, es contraria a’... Ustedes propusieron pena de muerte, no la incorporamos porque es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.. O esto sí lo incorporamos, pero lo adaptamos de esta otra forma», detalla Martínez.

Continúa afirmando que «se tiene que sistematizar, es muy importante porque si no se sistematizan los resultados, no sabemos realmente qué es lo que pasó. Tiene que haber una calendarización adecuada de los mecanismos de participación, pertinente a lo que se está discutiendo en el momento y para eso debemos tener claridad sobre cómo va a funcionar la Convención Constitucional. Todo esto es un tema que, evidentemente, se va a ir viendo más adelante. Debe tener un enfoque muy marcado, no solamente de género sino en general de dar más espacios a grupos históricamente excluidos si no, nuevamente, es muy fácil capturar espacios de participación ciudadana y  a través de ellos, distorsionar ideas que no son realmente tan difundidas. Creo que, teniendo estos enfoques, en términos muy generales sea cual sea el mecanismo específico que se utilice, deberíamos estar relativamente bien”. 

Cierra Martínez concordando acerca de la importancia que se establezca un criterio de transparencia  sobre los intereses de todos y todas las convencionales. Esto, para  evitar cualquier conflicto de interés y que los espacios de participación ciudadana no sean permeados por el lobby de grupos de interés. El desafío es realizar una acotación minuciosa sobre esto, afirma Martínez, no dejando vacíos o ambigüedades  que puedan inhabilitar la participación ciudadana.

Un reglamento con perspectiva de género

“Es imposible garantizar un ambiente libre de violencia, un ambiente 100 % seguro porque estamos en una sociedad patriarcal. Pero sí podemos ver las vías para que si esto sucede tengamos cómo reaccionar”, así Lieta Vivaldi define como urgente la tarea que las feministas tienen para incidir en que el reglamento de la Convención tenga una perspectiva de género. 

“Hay mucha violencia simbólica también en la participación política, que no está acostumbrada a escuchar a las diversidades sexuales y a las mujeres. Necesitamos tener un espacio en que sí podamos ser escuchadas y que esto sea de forma respetuosa. Si no es así, que puedan haber vías seguras de reclamación, que es algo que también nos falla a nivel de sociedad. En el fondo, el reglamento es una pequeña muestra de lo que sucede en muchos escalafones lamentablemente, en ese sentido puede ser bastante iluminador de cómo queremos que sean las prácticas y si bien es cierto, es imposible garantizar que estas no vayan a suceder, sí que existan consecuencias si sucede algún delito o situación que vulnere los derechos de mujeres, diversidades sexuales o de otras personas en general”, agrega Lieta Vivaldi.

“Los protocolos que se establezcan de acoso tienen que ser extensibles a lo que se haga dentro de los espacios de participación. Esas instancias no pueden convertirse en un vehículo de violencia de ningún tipo hacia las convencionales y tampoco entre quienes estén participando en un encuentro local. Es clave que ésta sea una consideración transversal al funcionamiento de la Convención. Hay que tener súper claro cuáles van a ser las sanciones que se imponen, esto es un tema que no puede quedar simplemente a la deriva. La Convención tendrá que hacerse cargo de esto con mucha claridad, porque si es que tenemos un caso difícil de resolver en mayo del próximo año, no vamos a tener tiempo para diseñar de la nada reglamentos y nuevos mecanismos”, suma Vicente Martínez.

Constanza Montecinos deja en claro que la paridad fue y es una herramienta para acercase a un resultado final: una Constitución con perspectiva de género. Para aquello, comenta, la paridad en todas las comisiones es un mínimo. Deja en claro que la perspectiva de género debe estar inmersa y ser transversal a todo el espacio. Porque la participación efectiva e igualitaria de las constituyentes también dependerá de que el reglamento asegure demandas históricas del feminismo: “Que el lenguaje y escritura que sea inclusivo, la plurinacionalidad, la interculturalidad, participación ciudadana, la autonomía misma de la convención respecto al Gobierno y del Congreso”. Termina remarcando la importancia que el espacio tenga total autonomía respecto a otros poderes e instituciones del Estado y sobre todo de los poderes económicos.

“El sistema patriarcal en el fondo tiene que ver con la verticalidad, con la competencia, con el que habla más fuerte, con la violencia (…) por eso proponemos que todas y todos los convencionales tengan la misma cantidad de tiempo para defender sus ideas. Todos y todas debieran tener el mismo nivel de representatividad. Son pequeños actos que tienen que cambiar una estructura completa. Es difícil, pero creemos que si vamos poniendo ese tipo de cosas y las vamos ingresando de a poco en el reglamento se puede ir cambiando un poco la mentalidad”, explica  Constanza Montecinos.

“Siempre será muy relevante el rol que tengamos quienes vamos a estar fuera del espacio, porque la Convención misma y su reglamento no siempre va a tener la capacidad de identificar una conducta que es abusiva. Para eso también está la ciudadanía, para denunciar las cosas que no nos parecen adecuadas”, complementa Vicente Martínez.

A destrabar la discusión

Constanza Montecinos pone en perspectiva un posible problema, o vacío, que podría trabar posibles discusiones: la ausencia de una convencional en su comisión. Esto podría ser un mecanismo para retrasar o bloquear discusiones en las que, al no contar con una mayoría para imponer su punto de vista, no tendría asidero. También sobre las abstenciones y la falta de acuerdos en ciertos temas. Estos elementos, postula, deben quedar claros en el reglamento, para no llegar a puntos muertos y contar con mecanismos que permitan la resolución de los desacuerdos. Lo más importante, a su parecer, es establecer que el mismo marco normativo interno pueda ser cambiado ante la aparición de nuevos inconvenientes. Que la norma no sea monolítica, ni una camisa de fuerza.

Vicente Martínez concuerda con Montecinos : “Es muy relevante que los y las  convencionales tengan una flexibilidad; la capacidad de cambiar el reglamento en caso de que algo no haya funcionado. Tampoco todos los días, pero obviamente que deben tenerlo y esas reglas tienen que estar muy bien diseñadas para que sean un espacio de posible respuesta ante un eventual problema”.

Respecto a las ausencias que pueden entrampar la discusión constitucional, Martínez conviene que el reglamento debe considerar todas las repercusiones de los temas disciplinarios. “Reglas que nos pueden parecer súper razonables, si es que son utilizadas abusivamente, por ejemplo, para presentar denuncias justo el día antes de una votación importante, podrían entrampar el espacio”.

El tema de qué elementos deben ser confidenciales en las sesiones de la Convención, salió a la palestra pública en exposiciones y discusiones virtuales que involucran temas sensibles como  la seguridad nacional. Los alcances de estos temas reservados a la ciudadanía fueron puestos en perspectiva.

“Hay un límite con el secretismo. Cuando se hable de temas reservados se puede generar un problema de desconfianza y dada la crisis que estamos viviendo ahora, hay que llevarlo al mínimo. Solamente en casos que sea estrictamente necesario”, puntualiza Constanza Montecinos.

“No puede haber ninguna limitación a la transparencia de la discusión, por ejemplo, de seguridad nacional. En una discusión constituyente es muy raro pensar que va a haber una intervención que vaya a ser sensible para la seguridad nacional ¿Cuál podría ser el caso? De partida, para redactar una Constitución no vamos a revisar cuántos marinos hay en cada puerto (…) todos estos espacios que se den de opacidad, como se les han llamado , se convierten en mecanismos que pueden ser utilizados de forma muy perversa para entrampar la discusión. Creo que en cualquier escenario no van a facilitar el debate, si la Convención Constitucional no es transparente ni es percibida como tal va a aumentar la desconfianza”, advierte Vicente Martínez de la Red para la Participación.

Financiamiento para el trabajo de cuidados

Un tema que ha sido transversal en toda la conversación es el financiamiento. Analizan que los recursos asignados por el Ejecutivo son insuficientes y muestran la falta de voluntad política para llevar a cabo un proceso exitoso. El financiamiento es fundamental para  incluir a la ciudadanía a través de cabildos o consultas. También para descentralizar el espacio y que pueda salir a regiones. Elemento importante, tanto para conocer in situ las realidades locales sobre las que se discutirá, y porque gran parte de las y los convencionales son de regiones. Constanza Montecinos reafirma la importancia del financiamiento, fundamental para asegurar la participación efectiva e igualitaria de las mujeres. De esta forma, podrán financiar los trabajos de cuidados de los y las cercanos que puedan tener a su cargo. Por lo tanto, es crucial que a través del reglamento se presione para la obtención de un mayor presupuesto.

“Con poca plata es muy difícil que tengamos mecanismos bien diseñados, una participación ciudadana representativa y resultados correctamente sistematizados. Tenemos el riesgo de tener una participación irrelevante, políticamente hablando; superflua porque no se sistematizó a tiempo, porque no había plata para pagar un informe.  El poco financiamiento lleva un problema para los equipos de trabajo, no solamente desde el punto de vista la de probidad, sino que es ridículo pensar que en un año 155 personas con un ayudante cada tres, va a tener la capacidad de tener una Constitución razonablemente bien fundamentada”, ejemplifica  Vicente Martínez.

A modo de cierre, refuerzan respecto a la importancia de documentar todo el proceso para que la historia de la confección del reglamento, los mecanismos utilizados y los métodos de trabajo, sean insumos para las generaciones venideras en caso que, en las próximas décadas, se acuerde realizar un nuevo proceso constituyente, ante nuevas realidades. Que exista un piso mínimo en el qué apoyarse, elementos que no existen en la actualidad porque los intentos anteriores de transformación fueron aplastados a ‘sangre y fuego’ por la élite. Pero hoy, coinciden, es el tiempo de resolver la crisis institucional por vez primera, con una participación efectiva de la diversidad de personas que habitan el territorio nacional.

 

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