El escándalo al interior del Servicio Nacional de Menores, SENAME, los casos dramáticos de violación de que han sido objeto tres menores, con resultado de embarazo, instalan una serie de interrogantes. ¿En un año electoral, es posible abrir el debate sobre despenalización del aborto o ley de aborto? ¿Podemos discutir una ley de protección integral de la infancia?
El caso de Belén, la menor abusada sexualmente, de manera reiterada por su padrastro y embarazada producto de esa violación en Puerto Montt, sacó a la luz pública una realidad de la cual pocos quieren hablar. Su caso se suma al de una niña de 13 años violada desde los 7 años y embarazada por su padre, que ya dio a luz, y una tercera, de 12 años, violada y embarazada, por un tío, en la ciudad de Tocopilla.
Tras haberse develado el caso de Belén, se reinstaló el debate sobre la despenalización del aborto en Chile, un país con una clase política conservadora con fuerte influencia de la Iglesia Católica y donde no se permite el aborto en ninguna condición. Un Estado que decide someter a menores a llevar un embarazo y maternidad forzada en casos de violación. Un Parlamento que no se abre al debate.
Una encuesta realizada en el mes de julio por Cooperativa, Imaginacción y la Universidad Central, reveló que 7 de cada 10 personas están a favor de interrumpir un embarazo en casos de menores de edad embarazadas producto de una violación. Y un 98% considera que una niña de 11 años no está preparada para ser madre, tras los dichos del Presidente Sebastián Piñera quien destacó la madurez de la decisión de Belén de tener a su hijo.
Es importante despejar el debate. No se trata de estar en contra de la vida, al contrario. Una menor de 11 o 12 años no está preparada para ser madre. Se trata de resguardar la integridad física y sicológica de niñas violentadas sexualmente, y la decisión de llevar a término un embarazo no puede quedar al arbitrio de un Estado por consideraciones valóricas. El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es claro en advertir que llevar a término un embarazo producto de una agresión sexual constituye un trato inhumano para la mujer con signos de tortura, más aún para una niña.
El viernes 25 de julio, una manifestación de unas 8.000 personas en la ciudad de Santiago y un importante número de adherentes en distintas ciudades del país, incluso la solidaridad en otros lugares del mundo, demandó la despenalización del aborto. Hasta 1989 el aborto terapéutico en casos de inviabilidad del feto o de peligro de vida de la madre era permitido, pero al final de la dictadura de Augusto Pinochet fue prohibido. Chile hoy es uno de los cinco países de América Latina que no cuenta con una legislación que autorice el aborto en ciertas situaciones.
Por otra parte, observamos con preocupación la serie de irregularidades y abuso de menores al interior de los centros del SENAME (Servicio Nacional de Menores). El Estado está en deuda con la protección de los derechos de las y los niños y tiene el deber de prevenir y sancionar las situaciones que atenten contra quienes son atendidos por esa institución. No dejar impunes estos actos, es parte del proceso reparatorio con que el Estado de Chile debe responder a los niños y niñas que fue incapaz de proteger.
En el marco del trabajo de incidencia parlamentaria realizado por el Observatorio de Género y Equidad, y con el permanente anhelo de avanzar en los derechos humanos de mujeres y niñas, reflexionamos sobre el debate que abre el abuso sexual de menores y la necesidad de legislar sobre la interrupción legal del embarazo en Chile.
Lorena Astudillo, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres: «Estamos frente a un Estado que no nos resguarda. Chile se ha obligado, a través de pactos internacionales, a prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres y las niñas». Leer más
Lidia Casas, Investigadora del Centro de DDHH Universidad Diego Portales: «Belén representa varios elementos. Discriminación por género, discriminación por clase y discriminación por edad, porque existe una situación de vulnerabilidad y violación de derechos». Leer más
Natalia Flores, Secretaria Ejecutiva del Observatorio de Género y Equidad: «Chile es un país que le falla dos veces a sus niñas: no las protege de la violencia sexual y las obliga ser niñas madres contra su voluntad». Leer más
José Antonio Gómez, Senador. Presidente del Partido Radical Social Democráta: «Debemos ser capaces de interpretar a la sociedad civil que empuja la iniciativa de Ley de protección integral de la infancia y las condiciones para que las mujeres puedan ejercer su ciudadanía plena». Leer más
Anita Román, Presidenta del Colegio de Matronas de Chile: «El caso de Belén nos toma como un país incapaz de haber discutido sobre aborto. Estamos frente a un Estado que vive en la prehistoria, que encuentra normal el incesto, el abuso sexual y la pedofilia». Leer mas
Francis Valverde: Directora Ejecutiva de ACHNU: «El Estado de Chile, no ha asumido la responsabilidad que contrajeron cuando firmaron la Convención sobre los Derechos del Niño/a». Leer más
Por Fabiola Gutiérrez, periodista del Observatorio de Género y Equidad
Lorena Astudillo, Abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
¿Qué realidad destapa el caso de Belén en Chile?
El caso de Belén destapa una realidad que viven muchas niñas en el país. Muestra el abuso y violación de menores en su entorno más cercano. Recordemos que el 2012 hubo muchas denuncias de abusos en jardines infantiles, sin embargo, donde se producen los mayores abusos sexuales es en el entorno familiar, donde se encuentran las personas de confianza.
Este es el inicio, porque el caso de Belén además destapa otra realidad que tiene que ver con el aborto. Se dice que una niña de 11 años está preparada para ser madre por el sólo hecho de ovular y, desde la Red de Violencia, cuestionamos el hecho que no tengamos libertad de decidir, lo que nos sigue violentando. En ese sentido, queremos que se nos devuelvan nuestros cuerpos y poder decidir sobre ellos. Las leyes, el Estado y todas las políticas existentes en nuestro país están destinadas a instrumentalizar a las mujeres, más que tener libertad de decidir o ser las dueñas de nuestros propios cuerpos.
¿Estamos frente a un Estado que no protege los derechos de las mujeres y las niñas? ¿Por qué?
Estamos frente a un Estado que no nos resguarda. Chile se ha obligado, a través de pactos internacionales, a prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Sin embargo, aún no contamos con una ley efectiva de violencia contra las mujeres, lo que se traduce en la inexistencia de políticas públicas destinadas al tema, no existen recursos para las campañas y no hay una prevención respecto de la violencia en todas sus formas.
Los recursos del SERNAM han ido disminuyendo y se ha convertido en una institución absolutamente familista, que se preocupa de los derechos de las mujeres como madres y como hijas, ya que incorpora a sus políticas a los menores y adultos mayores, sin considerar que existen organismos destinados para preocuparse de ellos. Además, incorpora al hombre en el tema de la violencia como si fuera un enfermo, invisibilizando que la violencia y el machismo son algo cultural, no es una enfermedad y debe comenzar a prevenirse desde la primera infancia. Se deben establecer políticas de educación en los colegios, en los servicios de salud que atienden a las mujeres.
El año 2012 la campaña «Cuidado el Machismo Mata» estuvo centrada en la violencia sexual hacia mujeres y niñas ¿Cuál es el sentido de la campaña de este año?
Hemos centrado la campaña en la violencia contra los cuerpos de las mujeres. Durante este año observamos que la violencia en todas sus formas (sexual, física, psicológica, económica y el abuso de menores) está mucho más cruda. Por ejemplo, organizaciones de la Red Chile contra la Violencia hacia las Mujeres en Arica nos alertan que hay una gran discriminación a las mujeres migrantes. En tanto, en Punta Arenas, las mujeres son esclavizadas y utilizadas en el comercio sexual. Los femicidios han aumentado considerablemente y los femicidios frustrados son el doble de los que se cometen. Tenemos toda la violencia simbólica con un bono que se le quiere otorgar a las mujeres para que tengan más hijos.
Ese incremento de la violencia y como se ha ido acentuando nos genera preocupación. El caso de Belén, los femicidios y tantas otras situaciones están ahí y no son de conocimiento público. No olvidemos el conocido caso Operación Heidi, donde hubo explotación sexual en contra de niñas y los responsables se encuentran en sus casas con penas remitidas menores.
Son de conocimiento las redes de explotación sexual de jóvenes y niños/as al interior del SENAME, con informes que no se hicieron públicos hasta ahora. También el rol del SERNAM que llama a las mujeres a denunciar al primer empujón en los Tribunales de Familia, donde sabemos que las mujeres deben llegar con medios de prueba severas, de lo contrario no son tomadas en cuenta. Todo indica que las cosas no se están haciendo bien, que no hay preocupación y que los organismos llamados a proteger o fiscalizar no cumplen la tarea que se le encomienda.
Para que no haya más casos como el de Belén y menos femicidios o actos de violencia hacia las mujeres ¿Cuáles son las estrategias de salida? ¿Cuáles son sus recomendaciones?
El primer llamado que hacemos a las mujeres es a generar complicidades entre nosotras, es la forma de ayudarnos, entendernos, acompañarnos y no juzgarnos. No pensar que lo que vive una niña o una mujer es porque así lo quiere, porque así lo aguanta. Todas vivimos violencia en mayor o menor grado. Estamos apuntando a la rebeldía de las mujeres, a decir «BASTA», a cuidarnos y desconfiar de la institucionalidad porque es la que nos falla completamente.
Si una mujer se mantiene en un proceso crudo de violencia, puede obedecer a muchos motivos, económicos, sicológicos, miedo o vergüenza. Generalmente, las mujeres sobrevivientes de femicidio, las que han salido del proceso de violencia han sido acompañadas de una amiga. A eso estamos apelando, a acompañarnos mucho más, porque entendemos que esta es una estrategia de salida.
Lidia Casas, Abogada. Profesora e Investigadora Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales.
¿Qué realidad destapa el caso de Belén en Chile?
Hay varias realidades que se destapan a partir del caso de Belén. Una de ellas es la violencia sexual a niñas con resultado de embarazo. Si pudiéramos mirar las cifras por embarazo en menores de edad -y digo que no es posible saberlo porque el rango etáreo de las estadísticas vitales lo sitúa entre los 10 y 19 años- es complejo distinguir cuáles son las proporciones de mujeres que quedan embarazadas y son menores de 14 años. Este es un dato relevante.
Belén representa varios elementos. Discriminación por género, discriminación por clase y discriminación por edad. La combinación de una serie de marcadores sociales, donde todos ellos se conjugan, porque existe una situación de vulnerabilidad y violación de derechos. El caso de Belén representa una de las formas extremas de violencia, no sólo podemos hablar del entramado del Estado, hay un núcleo familiar que no vela por ella. Un padrastro violador, su madre que niega el abuso, una abuela que pretende proteger a su nieta diciendo que ella debe llevar a término su embarazo, y luego el Estado que no se hace cargo. Belén está situada en un marco de pobreza y el no respeto de sus derechos en su condición de niña refleja un contexto estructural de discriminaciones en una sola situación.
En el caso del embarazo propiamente tal, vemos la imposibilidad de una niña y de cualquier mujer, al no poder interrumpir un embarazo cuando ha sido violentada sexualmente. Conocemos el caso porque se trata de una menor de edad, pero no sabremos de aquellos casos de mujeres violadas que han quedado embarazadas y que no son conocidos por la opinión pública.
La falta de una legislación sobre aborto terapéutico, más aún en casos de violación ¿Qué nos muestra?
Aunque prefiero hablar de indicación o causal para interrumpir un embarazo, es cierto que fue bien impensado que hayamos tenido, durante el Gobierno de Sebastián Piñera, una discusión en el Congreso Nacional sobre aborto por causal. Abrimos las puertas de un debate legislativo que no habíamos tenido en los últimos 20 años. El rechazo de la idea de legislar o discutir, sitúa al mundo parlamentario en un país totalmente distinto. Nunca había visto el tema del aborto como hoy está puesto en la agenda pública. Ningún candidato/a ha podido prescindir de plantearse frente al aborto, sea para rechazarlo totalmente o sea para admitir que hay excepciones a la ley. Hoy existe una discusión mucho más centrada en las mujeres, que lo que pudimos haber tenido antes. También creo que esto tiene mucho menos que ver con el movimiento feminista y se relaciona más a los momentos actuales de la política chilena.
El slogan «Chile cambió» es cierto. La idea de decir las cosas por su nombre ha permitido empujar a decir lo innombrable. No estoy segura si vamos a poder restablecer el debate sobre aborto, porque se deberán sortear una serie de escollos antes el Tribunal Constitucional, espacio en que las opciones no son muchas. Incluso, pudiendo ser aprobado en alguna de las cámaras, que mucho dependerá de la constitución del nuevo parlamento, basta con que un grupo de diputados de la UDI lleven la discusión al Tribunal Constitucional para que este organismo mantenga la política de los empates.
¿Estamos frente a un Estado que no protege a las mujeres, a las niñas? ¿Por qué?
Absolutamente. La respuesta del Presidente Piñera fue decir que la niña era de una gran madurez, pero en definitiva nadie va a responder por ella. Incluso con adelantar el parto de Belén la pregunta es ¿va a ser una niña jugando con otra niña?, ¿una abuela haciéndose cargo –si es que tiene la tuición- situada en el mismo entorno de la madre, que al mismo tiempo la victimiza?. No hay una protección ni para Belén, ni para ninguna de las mujeres y niñas que Belén representa.
¿Qué hará un posible Gobierno de Bachelet frente a esta situación? Y suponiendo que no habrá aprobación de una ley de aborto, estaremos frente a una situación compleja y con una deuda permanente hacia las mujeres.
¿Qué sucede en relación a la jurisprudencia internacional?
Sobre nuestra legislación restrictiva, todos los órganos de derechos humanos que vigilan el cumplimiento de ciertos tratados como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención en contra de la Tortura; la Convención sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre los Derechos de las y los Niños, cada uno de ellos, desde el año 1995, vienen recomendando e instando al Gobierno de Chile a que modifique su ley criminalizadora, es decir, el aborto en todas sus formas. No le han dicho que despenalice en forma amplia, pero sí que lo haga en ciertas figuras porque la penalización del aborto recae sobre las mujeres pobres.
Sin embargo, el discurso oficial durante todos estos años ha sido que no existe consenso, no es un tema que se vaya a discutir y no podemos avanzar. Así ha respondido Chile en todos los espacios internacionales.
En el Sistema Interamericano ha habido acuerdos amistosos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tal es el caso de Paulina Ramírez versus México, en una situación de violación en que habiendo una legislación al respecto, el Estado de Bajo California no permitió el aborto. También hay otras decisiones como el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que trata de una fertilización in Vitro. Es un caso reciente que plantea la discusión sobre el derecho a la vida del nonato y el derecho a la vida de las mujeres. La Corte plantea que no existen los derechos absolutos, cuestión que se ha sostenido insistentemente en Chile.
Si se tomara la doctrina que va surgiendo de la jurisprudencia internacional, nuestro país debería permitir algunas formas de aborto. No se plantea abiertamente sobre ninguna otra cosa. Recordemos que también hubo recomendaciones para el caso de Beatriz en El Salvador, donde se instó a que se le realizará un aborto por indicaciones médicas. Se han conocido muchos casos de seguimiento de pactos y tratados de derechos humanos. Existe uno de violación en contra de Argentina, donde se señala expresamente que se atenta con el derecho a la integridad personal. Hay otro caso de un embarazo obligado por anencefalia en Perú, donde se dijo que amantar a este bebé constituía un trato cruel, inhumano y degradante.
Lo que vemos es que toda la jurisprudencia de los tribunales internacionales habla de la protección de los derechos de las mujeres. Mientras que en Chile, buena parte de la doctrina nacional siguen planteando la protección a la vida, en términos abstractos y en contraposición con los derechos de las mujeres. Por nuestro ordenamiento y el tipo de instituciones que tenemos, no es fácil llevar un caso ante los tribunales. Muchas mujeres quisieran hacerlo, pero al final desisten porque deben pagar altos costos y no tenemos forma de invalidar las leyes fácilmente. Nuestro único camino, desde mi punto de vista, es casi legislativo o quizá en algún momento un juicio penal donde se pudiera discurrir sobre la inconstitucionalidad de algunas normas.
¿Cómo llegar a una ciudadanía plena de las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos?
Hablo de autonomía y ciudadanía reproductiva. Esto implica quebrar un discurso acotado sólo al aborto, es una cuestión mucho más amplia. En Chile este tema ha sido discutido a pedacitos. En su momento lo hicimos con la educación sexual. Después vino el debate de la píldora del día después o anticoncepción de emergencia. Otro poco con el VIH Sida y ahora con el aborto.
No tenemos un concepto de ciudadanía reproductiva que nos permita políticamente levantarlo. Tenemos que quitar el peso simbólico que le conferimos a la Iglesia frente a este y otros temas. De hecho la Iglesia ni siquiera se ha referido ampliamente al caso de Belén. Hoy en día debemos hablar y discutir con el mundo político. Ese es nuestro espacio de discusión y deliberación. No vamos a lograr cambiar el punto de vista del Vaticano frente a lo que le sucede a las mujeres, ese no es el marco de nuestro actuar.
Natalia Flores, Secretaria Ejecutiva del Observatorio de Género y Equidad.
¿Qué realidad destapa el caso de belén en Chile?
La realidad que nos muestra el caso de Belén es, por una parte, la desprotección que las niñas viven día a día frente a casos de agresión y violencia sexual. Chile es un país con una alta tasa de violaciones a niñas menores de edad [1], niñas víctimas que no sólo carecen de protección de parte de una sociedad que mira al lado, mientras son vulneradas, sino que además son obligadas a llevar a término embarazos producto de violaciones. En resumen, Chile es un país que le falla dos veces a sus niñas: no las protege de la violencia sexual y las obliga ser niñas madres contra su voluntad.
Por otra parte, ha corrido el velo de la hipocresía obligando a las autoridades y líderes de opinión a tomar posición frente a un caso que abre la discusión y plantea la urgencia de la despenalización del aborto en Chile.
¿Estamos frente a un Estado que no protege a las mujeres, a las niñas? ¿Por qué?
No las protege porque no las ve como ciudadanas. En Chile no ha existido mayor avance o desarrollo en conceptos como ciudadanía infantil o adolescente, a diferencia de lo que ocurre en otros países. En ese sentido, sigue considerando a las personas menores de edad como no integrantes de una sociedad que toma decisiones y construye país. Por otra parte, si además de infancia le agregamos el componente de ser mujeres, aun cuando crezcan y traspasen la barrera de la mayoría de edad, seguirán siendo consideradas ciudadanas de segunda clase, siendo vulnerados sus derechos a la igualdad de trato.
¿Crees que una nueva Constitución garantizaría la ciudadanía plena de las mujeres en derechos sexuales y reproductivos?
Creo que una nueva Constitución, que nazca de una experiencia fundamental como es la Asamblea Constituyente, en la que la participación paritaria de hombres y mujeres asegure la incorporación de las temáticas que interesan a toda la sociedad, puede asegurar la ciudadanía plena de las mujeres, no sólo en el ámbito reproductivo sino también en materia de autonomía económica y política.
Para que no haya más casos como el de Belén ¿Cuáles son las estrategias de salida? ¿Cuáles son las acciones que se pueden seguir desde el movimiento de mujeres?
Creo que es urgente sentarnos a discutir estrategias comunes. Mientras las organizaciones que forman o se sienten parte del movimiento de mujeres y feministas no articulemos acciones y estrategias frente a situaciones como las de Belén, estaremos en desventaja, sin mucha capacidad de respuesta y reacción.
Por lo pronto, considero urgente reponer el debate sobre el aborto legal. Los últimos años nos han demostrado que, a través de la acción ciudadana y la movilización social, es posible avanzar en la democratización del país. Avancemos en correr el velo de la hipocresía y de una vez por todas hablemos de aborto sin eufemismos y en clave de derechos de las mujeres chilenas.
[1] Según cifras de UNICEF, 2011. Indica que la violencia sexual afecta de manera distinta a niños y niñas (adolescentes). Mientras que la tasa de los niños y adolescentes hombres víctimas de violencia sexual fue de 55.3 víctimas x 100.000 habitantes, mientras que las niñas y adolescentes mujeres fue de 251.1 víctimas por 100.000 habitantes para el año 2011. Así mismo entre el año 2009 y 2011 se aprecia que las tasas de violencia sexual contra niños y niñas aumentaron de un 21.5% y 17.2 respectivamente.
José Antonio Gómez, Vicepresidente del Senado. Presidente de Partido Radical Social Demócrata.
¿Qué realidad destapa el caso de Belén en Chile?
La situación de los abusos sexuales, violaciones, incesto son una verdad oculta en Chile, y la situación de Belén la hace pública. Es como destapar algo en función de una situación particular, pero que es mucho más amplia en el país. Se vive no sólo en la familia, aunque los mayores abusos sexuales a menores se producen por parientes, por personas más cercanas. También se producen en espacios donde las y los niños deben ser protegidos, como lo son el Servicio Nacional de Menores o las casas de acogida.
Lo que revela está situación dramática es una realidad que no hemos sido capaces de abordar y sólo lo hemos hecho con medidas parche. No hablar las cosas de frente o decir vamos a legislar o resolver estas materias por tal o cual vía. Es necesario discutir, no podemos seguir ocultado y maquillando. Está situación y tantas otras, por dolorosas que sean, deben ser públicas y deben ser resueltas. No es posible seguir ocultado el abuso sexual a menores y urge avanzar hacia una Ley y una política de Protección Integral de la Infancia.
¿Estamos frente a un Estado que no protege a las mujeres, a las niñas? ¿Por qué?
Hemos avanzado. Cuando partimos con estos temas, el gran problema que teníamos fue que las mujeres golpeadas o abusadas acudían a Carabineros y estos les decían «su marido tiene derecho a pegarle, así que no le acepto la denuncia». A esos niveles de abusos y falta de protección nos enfrentábamos. Las cosas han ido cambiando, pero falta una decisión política para tomar el camino correcto. No basta con legislar, ni se trata de penas más o penas menos, porque ello no cambiará el sistema. Se deben tomar medidas directas, administrativas incluso, de decisión práctica que el Estado no asume. Se requiere un buen proceso educativo que surja desde la primera infancia. Necesitamos lugares de protección efectivos, como también que los contextos en que se desarrollan las niñas y los niños estén protegidos. Se deben tomar decisiones políticas en serio y de manera urgente.
En un año electoral ¿Es posible instalar nuevamente el debate por el aborto terapéutico?
El debate sobre la ley de aborto fue promovido por organizaciones de mujeres. En su momento se votó y la perdimos en la sala. Se retomó esa discusión en el momento en que fueron las primarias presidenciales y reinstalamos el proyecto. A mí no me cabe duda que las y los candidatos presidenciales tienen la obligación de pronunciarse sobre este tema.
Estoy de acuerdo con el aborto en las causales que he señalado y el proyecto presentado: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la mujer, violación e incesto. Lo que debemos hacer es llegar a la opinión pública desde una perspectiva razonable y no desde el enfrentamiento. Terminar con el discurso de que quienes están por el aborto son contrarios a la vida, esa no es la forma. En mi opinión, hay temas que son iniciales y necesarios de poner en la discusión. La decisión de si hay o no aborto no puede ser que pase por una penalidad del Estado y que éste sea el que genere el castigo, cuando la decisión es de la mujer. El rol del Estado es garantizar que, cualquiera sea la decisión que tome la mujer, debe hacerlo de manera segura.
¿Una nueva Constitución, garantizaría la ciudadanía plenas de las mujeres en derechos sexuales y reproductivos?
La idea de esta nueva Constitución es compartida transversalmente. El problema es cuan profunda puede llegar a ser. Por eso hemos planteado que el camino natural es la Asamblea Constituyente, porque permite que todos estos temas de difícil solución, en el ámbito académico o político, se sustenten en mejores condiciones para el debate, en una reunión donde existen más opiniones y puedan participar las voces que representan a las mujeres en los temas que las convocan. Y sin duda, una Constitución realizada con importante participación, a través de una Asamblea Constituyente, deberá reflejar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y muchos otros.
La definición de la fórmula pasa por dos características. Una de ellas es la representación de ciertos estamentos, jóvenes, mujeres, artistas, entre otros, con el fin que la sociedad se sienta representada. También está el tema de la elegibilidad. Si es a través de los votos que se elige a las y los constituyentes. No me cabe duda, que si esta es la formula, existirá una mayor posibilidad de participación.
Para que no haya más casos como el de Belén y otros de conocimiento público ¿Cuáles serían sus recomendaciones?
Me parece que se debe enfrentar estas realidades y problemas hablando directamente, no tratar de esconderlos. En el caso de Belén y los abusos sexuales a menores, en el debate por el aborto y la violencia de género, se debe hablar como país, como sociedad, porque pareciera que todo queda en la estadística. Hemos asistido a hechos dramáticos, que se instalan mediáticamente, pero una vez que baja la presión nos olvidamos y seguimos como si nada hubiera pasado.
El hecho que estemos frente a la actual situación que se vive en el SENAME, es porque se da un relajo en las condiciones de control y fiscalización. Recuerdo que en su momento planteamos la separación del SENAME, los infractores de ley y los vulnerados en sus derechos. Para eso hay que enviar un proyecto de ley, que contemple un tratamiento particular para cada de ellos.
Debemos ser capaces de interpretar a la sociedad civil que empuja la iniciativa de Ley de protección integral de la infancia, así como también a quienes buscan generar las condiciones para que las mujeres puedan ejercer su ciudadanía plena.
Anita Román, Presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile
¿Qué realidad destapa el caso de Belén en Chile?
El caso de la menor abusada por su padrastro enciende muchas luces rojas. Acá hay que dar cuenta, no sólo del abuso de una niña de 11 años, sino de la carencia de un debate serio en torno al aborto. Necesitamos discutir realidades.
Los médicos efectivamente están con las manos atadas al no tener claro los protocolos a seguir en caso, por ejemplo, de una menor embarazada producto de una violación. Desde la matronería podemos decir, con conocimiento de causa, que hoy día hay mujeres a las que se les interviene oportunamente, pero también en condiciones de riesgo de su vida. Hay temas valóricos de por medio. En el caso de un embarazo ectópico con feto vivo en la trompa, los médicos esperan que se rompa la trompa ya que se entiende que hay signos evidentes de que el feto murió y, por lo tanto, no es aborto. El riesgo de la mujer es evidente.
Como Colegio de Matronas y Matrones de Chile hemos apoyado el proyecto de ley presentado por MILES (Movimiento por la Interrupción Legan del Embarazo) porque creemos que las mujeres tienen derecho a decidir. Es un derecho humano que las mujeres decidan si quieren llevar a término un embarazo en caso de violación. No puede existir una ley que te prohíba ejercer ese derecho, ya que se asocian otros problemas, como los de salud mental. Lo mismo en embarazos con inviablidad fetal.
El caso de Belén nos toma como un país incapaz de haber discutido sobre aborto. Estamos frente a un Estado que vive en la prehistoria, que encuentra normal el incesto, el abuso sexual y la pedofilia. Creemos que el Estado tiene un rol fundamental en abordar la salud sexual y reproductiva.
Es importante recordar que la matronería del país fue parte de una política pública nacional, que duró 60 años, para evitar que las mujeres se murieran por aborto. Esto es lo que conocemos como planificación familiar y hoy en día tenemos los problemas demográficos que tenemos: 1,4 hijos por mujer de natalidad, lo que no quiere decir que con un bono se logre subir.
También, el Ministerio de Educación debe abordar la educación en salud sexual y reproductiva desde la etapa preescolar a la adolescencia, lo que hasta ahora ha sido nulo. Debemos informar o entregar algunos códigos a niñas y niños para que comprendan cuándo una caricia es normal o no lo es y tener la capacidad de denunciar.
¿Estamos frente a un Estado que no protege a las mujeres, a las niñas? ¿Por qué?
Es cosa de escuchar el discurso, nos seguimos escondiendo detrás de la Biblia. Los temas sanitarios y de las políticas públicas de educación sexual no existen. La discusión no puede ser tratada desde el útero de la mujer, es necesario mirar el contexto en que estamos insertas, pareja, familia y cómo las mujeres nos ubicamos en la sociedad.
¿Es un momento para instalar nuevamente el debate sobre aborto terapéutico en Chile?
La sociedad civil debe jugar un rol importante. Si los parlamentarios/as no quieren escuchar, si el Gobierno se escuda detrás de la biblia, como organizaciones sociales y de mujeres no podemos permitir que Chile siga sin una ley de aborto, por lo menos en las causales que son de consenso: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación.
Las posturas personales no pueden estar por sobre la necesidad de la población. Las matronas estamos mandatadas al trato humanizado de la mujer que aborta. En esa misma línea, las políticas de prevención del embarazo, desde la planificación familiar, tienen que ser coherentes.
A partir del caso de Belén y de otros de conocimiento público ¿Cuál es el rol del Colegio de Matronas? ¿Cómo pueden operar frente a estos casos?
Hemos decidido, como Colegio de Matronas, vaciar en un documento lo vivencial. Todas las matronas hemos estado frente a un caso de violación de una mujer o casos de aborto, ahora lo queremos llevar al lego. Como todo funciona por estadísticas, las matronas tenemos mucho que decir.
Entregamos una propuesta en materia de salud sexual y reproductiva a las y los candidatos al Parlamento. Queremos ser escuchadas sobre lo que está pasado en Chile. No podemos retroceder, hemos sido ejemplo en materia de salud pública. Además, queremos que nuestra postura sea recogida por las y los candidatos presidenciales.
Francis Valverde: Directora Ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas. ACHNU.
¿Qué realidad destapa el caso de Belén en Chile?
No destapa nada. Da cuenta nuevamente de una incapacidad absoluta del Estado y la sociedad chilena, de asumir la realidad que viven muchos niños y niñas en el país. El caso de Belén es una expresión extrema. Un abuso de poder absoluto por parte de dos adultos, en este caso el padrastro que la embaraza y una madre que no cumple su rol protector. Una sociedad que no tiene ninguna política pública para enfrentar la situación y una sociedad que hasta el momento tiene prohibido el aborto bajo todas sus características, lo que hace que una menor deba llevar a término un embarazo no deseado y producto de una violación.
No es que destape algo nuevo, sino que da cuenta, releva y pone en evidencia, una vez más, lo que se está viviendo en Chile y que los grupos conservadores no quieren ver. Estamos hablando de una niña de 11 años.
¿Estamos frente a un Estado que no protege los derechos de las niñas y niños? ¿Por qué?
El Estado de Chile, expresado tanto en su poder ejecutivo como legislativo y judicial, no ha asumido la responsabilidad que contrajeron cuando firmaron la Convención sobre los Derechos del Niño/a. Esto deja en evidencia que, ante situaciones de éstas características como la que está viviendo Belén, no se tenga respuesta. Se instalan ideologías predominantes que no corresponden a los derechos humanos, ni a los principios y garantías que la Convención obliga a respetar.
El Estado firmó la Convención de los Derechos del Niño/a, fue ratificada y se constituyó en el Ley de la República. Por lo tanto, los tribunales de justicia deberían utilizarla. No obstante, al no existir la Ley de Protección Integral de la Infancia en Chile, los jueces señalan que no tienen una normativa legal que los mandate. No se le ha dado la relevancia política y se invisibiliza la realidad de las/os niños de nuestro país.
Respecto del Informe del SENAME ¿Qué dice ACHNU y cuál es la situación de Chile respecto a la de otros países?
Hemos planteado una posición pública respecto al Informe que se realizó sobre el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores. Respecto a cómo estamos en relación a otros países de América Latina es difícil hacer una comparación. Todas las situaciones de residencia están invisibilizadas en los países subdesarrollados o de renta media.
En general, la situación de niñas y niños que están institucionalizados, en todos los países incluyendo los de renta alta, se encuentran en circunstancias muy desmejoradas. En el caso de países como el nuestro, al no existir fiscalización, control y ninguna preocupación a cómo viven cotidianamente los menores, se producen situaciones extremas como las que quedaron en evidencia en el informe que realizó el Poder Judicial y UNICEF.
Frente a los escenarios descritos ¿Es posible reactivar el debate sobre una Ley de Protección Integral de Infancia?
Es nuestro mayor deseo. El bloque por la Infancia, instancia que hemos generado alrededor de 60 ONGs que trabajamos por los derechos de los niños/as y que funcionamos en el Senado, estamos peleando una ley de protección de derechos hace muchos años.
Como sociedad civil generamos un proyecto de ley el 2011, pero el ejecutivo desecho la propuesta. Ahora existe un proyecto de ley que busca la división del SENAME por parte del Ejecutivo, pero el Parlamento puso como condición que se presente una ley de protección de derechos, que es un camino intermedio entre la propuesta consensuada que entregamos el año 2011 y lo que el Ejecutivo armó posteriormente, pero que está lejos de poder dar cuenta de todos los aspectos que deben ser enfrentados y entre ellos la necesidad de un Defensor del Niño/a.
El caso de Belén, así como la situación de las y los niños en las residencias del SENAME, dan cuenta del imperativo ético-político y de sobrevivencia que debería tener un Defensor del Niño/a, porque sería una instancia que atendería a los menores con autonomía de los tres poderes del Estado, aunque sea financiado por éste.
¿Cuáles han sido las recomendaciones internacionales para Chile?
Desde el año 1992, el Comité de Derechos del Niño/a viene realizado recomendaciones a Chile. Las tres veces que el Comité ha expuesto sus recomendaciones, nuestro país no ha hecho nada. Una de ellas tiene que ver con las cifras de protección de derechos de niños/as. Hay un especial acento con la protección de niños/a migrantes que viven una vida vulnerada en sus derechos, porque en Chile todo es vía subvención y boucher, porque si no tienes el RUT no te atienden ni en salud y no pueden entrar al colegio.
Las otras recomendaciones van en la línea de formación de funcionarios públicos en temas de derechos de niños/as. El respeto a los niños indígenas, a la multiculturalidad y educación. En el caso de las residencias tiene un acápite especial, donde el Comité de Derechos del Niño/a pide y recomienda a Chile hacer cambios sustanciales y políticas claras de desinstitucionalización de los menores. También solicita un control sistemático y riguroso. Parte de la comisión que visita y revisa los hogares de menores cada seis meses, es producto de una de las recomendaciones del Comité.
Las últimas recomendaciones tienen que ver con la participación de niños y niñas en organizaciones y movimientos sociales. Se plantea que la participación es un derecho fundamental. Ha habido informes claros por parte de Naciones Unidas, que vienen desde el Comité de los Derechos del Niño/a, de los relatores especiales que han realizado informes sobre la violencia hacia niños/as mapuche. También existen recomendaciones directas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de la violencia a los niños mapuche y el castigo corporal que la ley sigue permitiendo en Chile.
En un año electoral ¿Cuáles son las recomendaciones desde ACHNU?
Sería del todo deseable que las y los candidatos presidenciales y al Parlamento asumieran seriamente la temática de la infancia y niñez en Chile. ACHNU, como parte del Observatorio de Niñez y Adolescencia hizo entrega de un informe y constatamos que la niñez pobre sufre más vulneración a sus derechos que la de otros sectores económicos. Este es un tema de pobreza. La vulneración de derechos tiene que ver con una mala calidad de la educación, mal acceso a los centros de salud, falta de espacio de recreación y desarrollo cultural para todos los niños y niñas.
En el caso de las instituciones que trabajamos por los derechos de la infancia, vemos que el mundo de la política debiese asumir este tema, generar la legislación y recursos correspondientes, ya que ninguna ley va a cambiar la realidad de la infancia y niñez automáticamente. Se necesita un financiamiento real para la intervención social y mecanismos de participación de niños y niñas
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