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México: Sin garantías
El reciente asesinato de dos mujeres periodistas de Oaxaca puso a México otra vez en el centro de la preocupación de organismos internacionales por ser en uno de los Estados donde se cometen mayores violaciones a los derechos humanos. Impunidad, militarización, desapariciones forzadas, criminalización de movimientos sociales y feminicidios son parte del frondoso historial de vulneración de derechos y garantías individuales.
Felicitas Martínez Sánchez (20) y Teresa Bautista Merino (22), locutoras de una emisora radiofónica de la comunidad indígena triqui (una de las etnias con mayor porcentaje de hablantes) con sede en el municipio de San Juan Copala en el estado de Oaxaca, México, fueron asesinadas en una emboscada a principios de abril. El Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, condenó este acto de violencia: “Matar periodistas es un crimen odioso que causa un grave perjuicio a la sociedad en su conjunto, porque socava el derecho democrático de los ciudadanos a debatir las cuestiones de interés común disponiendo de información suficiente, y adoptar decisiones políticas con conocimiento de causa”, señaló el funcionario de la ONU. Estos hechos se suman a una larga lista de atentados contra periodistas en México, que hasta el momento, siguen impunes y generaron el repudio masivo de diversos organizaciones internacionales de derechos humanos y redes de periodistas, uno de los más conocidos es el de la periodista Lydia Cacho, perseguida política y judicialmente por sus investigaciones. Según datos del Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina (CADAL), la mayoría de los casos de agresión a los periodistas mexicanos siguen estando ligados a las autoridades públicas y a los policías o militares, pero los casos más graves (y más crueles) están vinculados con el narcotráfico. “De un total de treinta y dos estados que tiene el país, en dieciséis hubo incidentes recientes muy serios contra la vida de los periodistas, y nada parece impedir que en los dieciséis restantes pudiera pasar lo mismo” dice el último informe Indicadores de Periodismo y Democracia a Nivel Local en América Latina de CADAL. “Revisando las agresiones concretas que se han hecho públicas por las distintas organizaciones internacionales y locales que realizan alertas, se concluye que, del total de agresiones o amenazas de agresiones denunciadas, menos del 20% corresponde al narcotráfico según la información dada por las víctimas. En el registro de las alertas, las autoridades públicas y las fuerzas de seguridad son las que encabezan el ranking de cantidad de agresiones”. México tiene en su haber una larga lista de casos donde la vulneración de derechos y garantías individuales son el común denominador, como los casos de abuso de soldados durante operaciones de seguridad pública, como las desplegadas contra los docentes de San Salvador de Atenco, la represión policial contra manifestantes en Guadalajara, los más de 400 femicidios en Ciudad Juárez cometidos durante la última década, y demás abusos. Chiapas: ser mujer es un crimen Según datos de la agencia de noticias CIMAC, en el estado de Chiapas una mujer es asesinada cada día, más del 90 por ciento vive en pobreza extrema, únicamente el 18 por ciento es propietaria de una tierra, la entidad ocupa el primer lugar en muerte materna y a los programas destinados para mujeres se les destina únicamente un centavo de dólar por cada mil dólares del presupuesto para la entidad. Por eso, integrantes del movimiento de derechos humanos presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe de esta situación y pidieron que la relatora para la mujer de esta instancia, Luz Patricia Mejía, visite Chiapas para que verifique la situación y genere nuevas recomendaciones que promuevan y defiendan la situación de los derechos humanos. La abogada del colectivo feminista Martha Figueroa, quien llevó el caso de dos hermanas tzeltales violadas por militares (donde la CIDH concluyó que el Estado mexicano era responsable de las violaciones y que el caso debería ser llevado por la vía civil y no militar), denunció la falta de acceso a la justicia y el efecto que ha tenido la militarización en las comunidades indígenas, sobre todo por “la violación constante a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. “La violencia estructural ha originado esta impunidad ya que la mayoría de los casos ni se investigan ya que se consideran feminicidios únicamente los asesinatos que sean dolosos, además de los marcos jurídicos contradictorios que penalizan más la violencia intrafamiliar que los asesinatos de las mujeres a manos de sus esposos” dijo la activista. Instancias nacionales e internacionales En un reciente informe de Human Rights Watch (HRW), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México limita seriamente su impacto al no promover recursos eficaces para reparar las violaciones de derechos humanos que documenta, ni las reformas necesarias para poner fin a prácticas abusivas. “La comisión podría tener un impacto mucho mayor en los derechos humanos en México, pero no lo hace. Si bien su trabajo de documentación de abusos y de identificación de problemas es aceptable, no adopta medidas que son esenciales para generar cambios”. La CNDH cuenta con herramientas para “proteger” y “promover” los derechos humanos y amplias facultades legales, que en muchos casos, representan el único recurso que les queda a las víctimas que buscan obtener reparaciones por los abusos sufridos. Las principales críticas de la sociedad civil mexicana apuntan a la falta de voluntad política para terminar con la impunidad de que goza el fuero militar en los casos de violación a derechos humanos, al no responder ni cumplir con las recomendaciones de los organismos de DDHH, lo que está provocando que haya cada vez más casos que buscan instancias internacionales de Justicia o arbitraje. Soraya Long Saborío, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), vaticina un panorama negro a nivel internacional para México. “Si el Estado mexicano no se abre al diálogo con las víctimas y las organizaciones que las representan, pero sobre todo, si no acata las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un período no mayor a cinco años tendrá cinco casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)” declaró a CIMAC la dirigenta y subrayó que no ha habido cambios positivos en materia de derechos humanos ni en la administración del ex presidente Vicente Fox, ni ahora con Felipe Calderón, ambos del PAN. Para la experta en derechos humanos, México debería “evitar” que los casos vayan a la CoIDH donde ha acumulado asuntos de toda naturaleza: desaparición forzada, tortura, asesinatos de mujeres, ejecuciones extrajudiciales y abuso de militares. |
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