Por Paula Correa Agurto, Consejera Nacional y Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos
Colegio de Periodistas de Chile
A casi cuatro meses del inicio del estallido social o la alzada popular, y pese a las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, la represión y las violaciones a los derechos humanos continúan. Incluso se refuerzan con la aprobación de leyes que limitan y penalizan el derecho a la manifestación que la deslegitimada clase política sigue aprobando de forma inexplicable.
Desde el Colegio de Periodistas hemos condenado enérgicamente las sistemáticas violaciones a los DDHH: los asesinatos, mutilaciones oculares, tortura y la violencia político sexual, que también han afectado a comunicadores y comunicadoras en el ejercicio de su labor, en Santiago y regiones. Como gremio levantamos un catastro de las agresiones que hemos sufrido, que no deja de aumentar con el paso de los días, lesionando con ello el derecho a la información de toda la ciudadanía.
Les comunicadores no sólo deben enfrentarse a organismos represores del Estado, sino también a la rabia de la gente en las calles, dado el enfoque editorial que han sostenido los medios tradicionales: la criminalización de las movilizaciones sociales y una cobertura centrada en “la forma” y no en “el fondo”, que elude los motivos que gatillaron la crisis; los enormes niveles de desigualdad y las injusticias que han quedado en evidencia en nuestro país. Eso es el cerco informativo.
Centrados en el desorden, el caos, la violencia y potenciando el miedo, los medios tradicionales de comunicación han contribuido al clima de polarización y división del país e instalado la necesidad de “volver a la normalidad”. Es allí donde diversos “rostros” han mostrado su verdadera cara, revelándose como protectores de las élites económicas y/o meros instrumentos al servicio del poder. Mientras, los medios alternativos, comunitarios, locales, regionales y universitarios intentan resistir, sin apoyo ni financiamiento y con una convicción encomiable.
El Colegio de Periodistas ha reiterado el llamado a “poner el foco donde debe estar”; en el resguardo de los derechos humanos y la dignidad de las personas, pese a la molestia de los grandes medios. Afortunadamente el gremio no estuvo solo. Chile despertó y una parte de las audiencias dejó claro que también había despertado. Con funas a los grandes medios la ciudadanía hoy cuestiona activamente el control hegemónico de la información que ejercen, en un sistema concentrado en escasas manos, limitado y poco plural. Mientras, ellos siguen despidiendo a trabajadoras y trabajadores bajo criterios arbitrarios (pero justificados en las leyes de mercado) y precarizando aún más el espacio laboral.
La concentración de los medios en Chile es uno de los problemas estructurales que impide el desarrollo de una sociedad realmente democrática, por ello es necesario consagrar el derecho humano a la comunicación en la nueva Constitución.
Sin embargo, la discusión por una nueva Carta Fundamental hoy se desarrolla entre discursos y narrativas que insisten en justificar la violación de derechos por el bien de “la paz social”. Las muertes y atropellos al pueblo por parte de agentes del Estado son injustificables. De allí surge una evidente contradicción: el abuso presente cuestiona la legitimidad del camino para derrocar la Constitución de la dictadura que la propia institucionalidad se trazó ante la presión ciudadana en las calles para transformar el abusivo sistema de relaciones de poder en Chile.
Allí, comunicar con acento en la verdad, la justicia y la necesidad de reparación a las víctimas -y la sociedad chilena en su conjunto- es clave como garantía de una salida legítima a la crisis. En este contexto resulta fundamental fomentar, promover y asegurar el derecho a la comunicación, entendiendo que aporta directamente a la consolidación, profundización y fortalecimiento de la democracia.
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