Opinión: El testimonio de Erika Olivera: justicia, reparación y prensa

El relato de la atleta Erika Olivera, quien reveló que siendo menor de edad fue abusada por su padrastro, repone el debate sobre la prescripción de los delitos sexuales, considerando que el agresor de la deportista quedará impune bajo la ley actual.

Por : Guila Sosman y Mónica Maureira

El relato de la atleta Erika Olivera, quien reveló que siendo menor de edad fue abusada por su padrastro, repone el debate sobre la prescripción de los delitos sexuales, considerando que el agresor de la deportista quedará impune bajo la ley actual. Así lo sostienen las autoras de esta columna, académicas de la U. Diego Portales, quienes indican que, con la actual normativa, en casos como este la única sanción es el rechazo social al abusador tras la exposición de los hechos en la prensa. En este escenario plantean que es “apropiado discutir la posibilidad de que este tipo de delitos no prescriba, para que no sea solo la sociedad la que juzgue y (…) que todas las víctimas de casos similares puedan acceder a un juicio penal”.

Hace poco más de una semana, un reportaje acerca de la deportista Erika Olivera, referente al abuso perpetrado por su padrastro y de su sobrevivencia a la violencia, removió a la opinión pública. La atleta, que podría representar la historia de cientos de mujeres, denunciaba que la pareja de su madre había abusado sexualmente de ella de forma sistemática durante más de una década. Se refirió a cómo el deporte la había “salvado” del horror; siendo una vía de escape de aquella vida en pobreza, desprotección y recurrente vulneración de sus derechos.

Para Erika o María José (su nombre representa el de muchas) el deporte fue y es una compañía y un aliciente que le permitió sobrevivir al dolor y a la frustración diaria, transformando ese padecer en algo constructivo y significativo para ella, asombrando con él a todo un país. Existen otras sobrevivientes que a través de la actuación, la escritura o el baile, logran de alguna forma conectarse con una parte sana de sí mismas, desdibujando todo el horror que viven en su entorno. Decimos horror porque el abuso sexual, especialmente cuando es perpetrado por un familiar con quién se tiene un vínculo afectivo, representa uno de los traumas más graves que existen, una amenaza constante de destrucción al mundo psíquico de la víctima.

Niñas y niños, aún después de adultos, sienten miedo, un terror recursivo hacia el agresor pero también hacia una insitucionalidad que desespera: policias, hospitales, sistemas de justicia, todos incrédulos ante las denuncias. En el caso de niñas y adolescentes, esa incredulidad implica un trato degradante, acusando exageración o lisa y llanamente un invento. Muchas re-maltratadas en la denuncia del abuso que se convierte en una continua violación.

En este caso, Erika dijo a la revista Sábado de El Mercurio “no puedo hacer justicia con mis manos, tampoco judicialmente, la única manera de hacer justicia que me queda es contar la verdad”. Esta frase es compleja, pero aparece frecuentemente cuando se utilizan los medios de comunicación y las redes sociales para denunciar hechos que no han tenido cabida en otros espacios, pero que por su verdad y crudeza; por el nivel de transgresión que implican, deben ser sacados a la luz a como dé lugar para hacer justicia y recibir algo de reparación. Se trata de una justicia y una reparación que no pasa ya por el Estado, ni por los tribunales sino que por el escrutinio público, por las voces y las miradas de la sociedad que encierran a los culpables en jaulas invisibles de repudio a sus actos.

El padrastro de Erika o de cualquier otra mujer que aún no denuncia al abusador; a quien ella acusa, huyó del país, escapó de la sanción sobre un delito que hoy en día en Chile está prescrito. No existe una citación a declarar, ni una investigación en su contra, sin embargo, el padrastro ya está siendo enjuiciado por todo un país. ¿Son entonces los medios de comunicación los nuevos tribunales? El remezón que significó el testimonio de Erika a través de la prensa, al parecer fue eficaz al contar con más respaldo en la opinión pública que en el sistema de justicia.

Pero probablemente no se trata de un respaldo justo. No se garantizan así los derechos de niños, niñas y mujeres, tampoco los de víctimas y victimarios. Especialmente no se tensiona ni fortalece un sistema igualitario de “acceso a la justicia”, considerando que la gran mayoría de las víctimas y sobrevivientes no tendrán la misma cobertura informativa que está teniendo una figura pública y reconocida para el deporte nacional.

En este escenario difícil y controversial, se ha podido restablecer un debate pendiente desde el 2010 acerca de la prescripción de los delitos sexuales, considerando que en este caso, el padrastro de Erika quedará impune bajo las leyes chilenas. Aparece como viable y apropiado discutir la posibilidad de que este tipo de delitos no prescriba, para que no sea solo la sociedad la que juzgue y no sean sólo en casos de víctimas y sobrevivientes de connotación pública. La idea es que todas las víctimas de casos similares puedan acceder a un juicio penal con sentencia y condena judicial.

Los delitos en contra de la libertad sexual son crímenes que alarman y estremecen, en especial cuando se cometen en contra de niñas y niños. Son el rostro más descarnado del abuso de poder amparado en el afecto, el secreto y el silencio. Sus consecuencias no son sólo físicas. Son psicológicas, morales y afectivas, que arriesgan proyectos de vida por completo.

Erika tardó aproximadamente 20 años en develar, en hacer público el abuso sufrido por su padrastro. Como ella, muchas sobrevivientes desarrollan sus vidas, mientras en silencio recuerdan lo que sufrieron en su niñez: imágenes sombrias de la violencia sexual que desean desterrar de su memoria y que aún están latentes esperando ser vistas y escuchadas.

De acuerdo a la literatura especializada, las víctimas de abuso sexual infantil (especialmente el que ocurre al interior de las familias) en su rotunda mayoría son mujeres, que tardan entre tres y 18 años en contar lo sucedido, mientras otras nunca lo hacen. Esto último es un factor importante al reflexionar respecto de las políticas públicas orientadas a la prevención y detección temprana de este tipo de violencia, así como también es una información a considerar al debatir sobre la NO prescripción de un tipo de delito tan severo y ultrajante, que deja a las víctimas paralizadas y sin palabras, a veces, por décadas.

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