Por Catalina Arenas
La académica e investigadora, Judith Schönsteiner, entrega detalles del contexto en el que ocurren los abusos, el estado actual de los canales de denuncia y las señales que requiere la comunidad laical frente a la preponderante figura del sacerdote. ¿Qué necesitan las mujeres para que den cuenta de las situaciones de abuso que viven dentro de la Iglesia Católica?,la columnista y miembro de Mujeres Iglesia responde que “hay ciertamente mucho que ordenar y que reestructurar, la Iglesia Católica realmente tiene que someterse al poder civil pues no puede tener, a veces, un espacio de impunidad en el que ocurran delitos que en otras partes no pueden ocurrir”.
Violencia contra las mujeres en la iglesia: “la mujer provoca”
La estructura de poder esencialmente patriarcal al interior de la iglesia encoleriza la normalización de la violencia contra la mujer en la sociedad chilena. Se trata de una cuestión social que, sumada a la utilización de estereotipos de género, les restan credibilidad a las mujeres víctimas. Schönsteiner detalla dos grandes impedimentos centrales que explicarían este paradigma: primero, que en lo colectivo existe un prejuicio que dice que ‘la mujer es quien provoca’ y que está presente en la relación “mujer y sacerdote” cuando se afirma que ‘es la mujer quien seduce al sacerdote, no el sacerdote el que abusa’.
Segundo – continúa-, si las comisiones de verdad, ya sean del Estado o de la iglesia, son las que reciben las denuncias y no saben escuchar desde una perspectiva de género, no van a permitir que las mujeres finalmente denuncien. “Eso tiene que ver con la credibilidad en el sentido que a las mujeres no se les cree, pero también porque operan ciertos patrones de conducta que no perciben el abuso de poder, abuso de conciencia o (abusos) graves”, asegura Schönsteiner.
Una manifestación de todo aquello son los testimonios de las religiosas en los reportajes que se han emitido por televisión y que relatan cómo entienden lo que han vivido: “Son tocaciones indebidas y que cuando lo cuentan no les creen porque la figura del sacerdote es frecuentemente enaltecida, pero también porque en el imaginario social se entiende que el rol de la mujer es distinto”.
No hay justificación alguna para la agresión de mujeres ayer en la manifestación.
La intolerancia es la que gesta la violencia. Independiente de las posturas sobre el aborto,siempre el respeto y la dignidad de las personas. NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES— Mujeres Iglesia 🇨🇱 (@mujeresiglesia) July 26, 2018
Los entorpecidos canales de denuncia
En todo el proceso de develación de los abusos se pierde una y otra vez la perspectiva de género porque no se comprende ni explica cuál es el papel de las mujeres laicas dentro de la Iglesia Católica. Por un lado, no se considera la situación particular de la mujer al no disponer de un ambiente que les permita denunciar. Especialmente cuando se traba la tramitación a partir del derecho canónico y cómo se indagan en comparación, por ejemplo, con el derecho civil penal cuando se trata de delitos.
Por otro lado, advierte Judith Schönsteiner, en el “Protocolo de denuncia contra clérigos por abusos a menores” de la Conferencia Episcopal “no existe, en todo el documento, un enfoque de género. Es decir, no se toma en cuenta que, por ejemplo, la mujer para denunciar una violación con consecuencia de embarazo se lo va a pensar muchas veces” por distintas razones. Ella además repara en la contradicción que existe en esos protocolos “cuando indica que efectivamente se incentive a la víctima a colaborar con la justicia civil, pero al mismo tiempo que se guarde el secreto pontificio, ya que es un deber guardar ese secreto”. Del mismo modo, la académica de Derecho UDP explica que “el secreto del Tribunal Eclesiástico no es una de confesión, sino que es un secreto que corresponde a un privilegio procesal para el derecho canónico”.
Comisión de Verdad y Reparación
Como una posible alternativa, la investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UDP plantea la creación de una ‘Comisión de Verdad y Reparación’ independiente, con un enfoque de género que, en caso contrario, no resultaría porque es la forma de propiciar un contexto favorable para que las mujeres denuncien y para que se reconozca la homosexualidad al interior de la iglesia con dignidad.“La prensa ha generalizado provocando un daño tremendo a los hombres homosexuales, especialmente a los que están en la iglesia… La homosexualidad sana no es ningún problema y la pedofilia existe entre personas heterosexuales y homosexuales usualmente en el mismo porcentaje. Hay abuso hacia personas adultas y hay abuso hacia niñas, adolescentes y mujeres. Lo que salió el martes (en Informe Especial de TVN) es claramente un abuso de poder, de conciencia y sexual contra mujeres adultas que en el derecho canónico se investigan con mucho menos rigurosidad que aquellos que son contra niños.”
Actualmente la investigadora, en compañía de la académica de Trabajo Social Daniela Bolívar, está delineando una propuesta para levantar una Comisión de Verdad que se relacione con el trabajo de investigación del Ministerio Público y con el procedimiento del derecho penal canónico a cargo de la Congregación de la Doctrina para la Fe.
En ese sentido, detalla que “la Comisión de Verdad y Reparación será independiente de la institución y tendrá un mandato que revise asuntos estructurales y cuestiones también de escucha para las víctimas”. En cuanto a la reparación, comenta que será la iglesia quien cumpla esta función, “no solo la persona que en algún momento se declare que es culpable, porque la iglesia está también involucrada en que no se haya podido investigar”.
Un laicado maduro
Judith Schönsteiner explica que las personas católicas perciben al sacerdote como una figura de autoridad y un tanto distante, una visión muy determinada por el contexto social chileno “porque se cree que él es, de alguna forma, mejor que otro, por ejemplo por tener algunas virtudes especiales”.
Una de estas virtudes es que cumplan distintas funciones. En otras palabras, una misma persona encarna diferentes roles que avala la institución clerical. Por esa razón la docente y Doctora en Derecho asevera que la administración y dirección de la Iglesia Católica debe ser más participativa: “Nos hace falta un ‘laicado maduro’, es decir, que las personas laicas puedan y quieran participar en decisiones y que traten al sacerdote de igual a igual”.
En colaboración con la religiosa Bernardita Zambrano, Judith Schönsteiner escribió hace algunos días el texto “Clericalismo, el pecado que debemos afrontar” en que detalla la forma en que se relacionan los sacerdotes y la feligresía chilena en ciertas actividades, como cuando el párroco de una iglesia dice ‘yo no quiero hacer esto porque ustedes lo pueden hacer solos’ y los laicos responden: ‘no, usted tiene que hacerlo sacerdote’. Schönsteiner explica que la relación clerical con los laicos “es una cuestión que no solo imponen los sacerdotes, sino que los feligreses también nutren, mutuamente”.
En definitiva, ambas sostienen en el texto, que la clave para avanzar hacia la idea del laicado maduro es que las personas, que son parte de la comunidad católica, se hagan cargo de algunas funciones administrativas dentro de la parroquia y de liderar lo financiero. De lo contrario, “esto significa que para las tareas propias del sacerdote como por ejemplo, las sacramentales, muchas veces tiene menos tiempo”. En algunas parroquias del mundo ya está ocurriendo que la feligresía elabora perfiles de cargos, qué tipo de sacerdote quieren y quién se designa.
#InformeEspecial: "A mí me daba asco. Repugnancia". Revive la entrevista completa a la religiosa Eliana Macías:https://t.co/9ecFaM7Oqq
— Informe Especial (@iespecial) July 25, 2018
Silencio, encubrimiento y confidencialidad
Tres conceptos que en los diccionarios tienen acepciones completamente diferentes pero que, en la realidad que resiste la crisis al interior de la Iglesia Católica, se repiten ante la opinión pública. La abogada que conforma el jurídico de la Conferencia Episcopal y es el nexo entre la Iglesia Católica y el Ministerio Público, Ana María Celis, en una entrevista a El Mercurio aseveró que “es una imputación muy grave confundir encubrimiento con no denunciar” asegurando que existen canales de comunicación fluidas entre ambas instituciones. La teoría que baraja Celis es que, dado que la iglesia no tiene obligación de denunciar lo que sucede en su interior, a la iglesia no se le puede reprochar moralmente que no lo haga.
“El problema del silencio tiene mucho que ver con el respeto del derecho canónico por la confidencialidad de todos los procesos, sobre todo porque en el derecho canónico no hay procesos públicos”, explica Schönsteiner. En esa línea, la investigadora sugiere problematizar el silencio de la víctima considerando el contexto de la confidencialidad, además de promover una segunda oportunidad para que ella pueda decidir respecto del curso de la investigación. “Yo me pregunto ¿por qué no revisamos el contexto de esa confidencialidad?, es decir, ¿por qué pide confidencialidad?”
Siguiendo con el argumento, cree que “la iglesia tiene un deber de cuidado y un deber debida diligencia como actor privado, pero también como actor estatal porque el secreto pontificio viene de un derecho de la Santa Sede y la Santa Sede se considera un Estado”. Las interrogantes sobre la confidencialidad planteadas por Schönsteiner tienen más de una respuesta posible: el miedo, la amenaza, las represalias posteriores “por eso no sabemos (lo que sucede con las mujeres) y por la carga social que dice que la víctima siempre se ve como una mujer que provocó.”
A propósito de la propuesta de la abogada Ana María Celis, que dice que a futuro se podrían entregar ciertas partes de la información reservada a la investigación que lidera el fiscal Emiliano Arias, la investigadora concluye que “la iglesia como parte del deber de debida diligencia debe entregar la información del caso simplemente porque se ha demostrado que internamente no la puede gestionar”. Además porque “estamos ante algo que incluso podría constituir más que un encubrimiento”.
Se refiere especialmente a cuando se trata de delitos de derecho público y admite que “no entiendo por qué la iglesia tendría tal privilegio en estos casos, ese que permite que esto nunca salga a la luz”sobre todo porque “no se toman las prevenciones para que las personas no vuelvan a cometer nuevamente el mismo delito”. Judith Schönsteiner considera muy necesario que la Iglesia Católica vuelva a hablar con todas las víctimas que denunciaron, ofreciendo garantías oportunas. En otras palabras, “y ahora, en esta situación, ¿quieres tú que pasemos esta información a la Fiscalía?”.
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